El TSJA confirma la indemnización de 330.000 euros por el ‘caso Trastévere’

El alto tribunal desestima los recursos del Ayuntamiento, el Principado y la empresa, y mantiene la valoración de la indemnización por el cierre del gastrobar moscón

Redacción/ Grau

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado los recursos de apelación presentados por el Ayuntamiento de Grado, el Principado de Asturias y los impulsores del proyecto, confirmando la sentencia que fijó la indemnización por el cierre del gastrobar moscón en 330.346 euros, más los intereses. El fallo confirma la responsabilidad patrimonial de ambas administraciones, un 70 por ciento el Ayuntamiento y el 30 por ciento restante, el Principado y zanja el litigio en torno al polémico cierre del establecimiento, cuyas licencias de obra y actividad fueron anuladas por los tribunales tras haber sido concedidas de manera irregular.

El conflicto tiene su origen en el 3 de febrero de 2021, fecha en la que el consistorio moscón dio luz verde a la reforma de un edificio catalogado y situado dentro del Plan Especial del Casco Histórico (PERI) en la calle Eduardo Sierra número 10, para transformarlo en un gastrobar. Aquella autorización se sustentó en un informe previo favorable emitido por el Servicio de Patrimonio Cultural del Principado. Sin embargo, tras una denuncia de un vecino, las licencias quedaron anuladas de forma definitiva por los tribunales en 2022 al contravenir la legalidad urbanística.

A raíz de esta anulación, los promotores, el hostelero Bernardo Álvarez y la sociedad Trastevere Delicatessen S.L., actualmente inmersa en un concurso de acreedores, reclamaron una millonaria compensación por los perjuicios ocasionados.

Tras el pronunciamiento inicial del juzgado de instancia, todas las partes afectadas recurrieron. El Ayuntamiento de Grado alegaba que no correspondía abonar lucro cesante ni los costes de unas obras que, a su entender, revalorizaban el inmueble. Por su parte, el Principado de Asturias argumentó falta de nexo causal y la prescripción de la acción respecto a su administración.

El alto tribunal asturiano ha rechazado los argumentos de ambas administraciones y en la sentencia concluye que el Principado fue corresponsable, ya que el informe de Patrimonio cultural fue el soporte preceptivo indispensable para que el Ayuntamiento concediera los permisos. Por otro, corrobora que la supresión de un título habilitante de carácter reglado (en referencia a la licencia) genera un perjuicio que el ciudadano no tiene el deber de soportar.

De esta forma, la sentencia ratifica el desglose económico fijado previamente, que reparte la responsabilidad en un setenta por ciento para el Ayuntamiento de Grado y un treinta por ciento para el Principado de Asturias. Para la mercantil Trastevere Delicatessen S.L., se confirma una indemnización global de 330.346,89 euros, de los cuales el consistorio abonará 231.242 euros y el Ejecutivo autonómico 99.104, cantidad que incluye el flujo de caja que se dejó de percibir durante el año y medio que el negocio pudo operar, así como el daño emergente derivado de la demolición parcial y la pérdida de utilidad de las obras ejecutadas. Asimismo, para Bernardo Álvarez se consolida una compensación de 15.000 euros en concepto de daños morales.

Por otro lado, el TSJA ha desestimado las pretensiones de los demandantes de elevar más las cifras, rechazando incluir los 20 años íntegros de un contrato de alquiler por considerarlo una hipótesis desproporcionada, así como la hipoteca del local o las ayudas del programa LEADER al no estar documentado un reintegro firme. La resolución, firme en esta instancia, no impone las costas procesales a ninguna de las partes dada la complejidad jurídica del asunto.