La democracia se defiende cada día

Hay derechos que, por haber convivido con ellos durante décadas, corren el riesgo de parecernos inamovibles. La libertad de expresión, la creación artística, la educación pública, la sanidad universal y las pensiones dignas forman parte de ese patrimonio colectivo que consideramos inseparable de una sociedad democrática, del estado del bienestar y del primer mundo. Sin embargo, la historia demuestra que ninguna conquista está garantizada para siempre. El crecimiento de la extrema derecha en España, con VOX como uno de sus principales representantes, obliga a reflexionar sobre los riesgos que determinadas propuestas políticas pueden entrañar para nuestras libertades y nuestro modelo de convivencia. El problema no reside únicamente en la aparición de un partido que defiende posiciones nacionalistas, conservadoras y contrarias a determinadas políticas progresistas; la cuestión verdaderamente importante es qué sucede cuando una determinada concepción de la sociedad pretende establecer límites ideológicos a la cultura, reducir la diversidad educativa, introducir diferencias en el acceso a los servicios públicos o cuestionar derechos que deberían proteger a todos los ciudadanos, independientemente de sus convicciones, su origen o su situación económica.

¿Qué sucede cuando una determinada concepción de la sociedad pretende establecer límites ideológicos a la cultura, reducir la diversidad educativa, introducir diferencias en el acceso a los servicios públicos o cuestionar derechos que deberían proteger a todos los ciudadanos?

La libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, y su alcance no puede medirse exclusivamente por la posibilidad de expresar opiniones políticas. También se manifiesta en la capacidad de cuestionar el poder, investigar lo incómodo, denunciar injusticias y producir obras que desafíen las ideas dominantes. La Constitución Española reconoce expresamente tanto la libertad de expresión como el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, además de prohibir la censura previa. Se trata de un derecho fundamental que debe protegerse frente a cualquier intento de instrumentalización política. En este contexto, resulta especialmente preocupante la posibilidad de que las administraciones públicas utilicen las subvenciones culturales como mecanismo de selección ideológica. La controversia es real ya que el 20 de octubre de 2026 se informó de la incorporación, en Castilla y León, de una cláusula a las ayudas públicas al cine que excluye proyectos considerados de «adoctrinamiento ideológico», propaganda partidista o apoyo a determinadas opciones políticas. Como sabrán, en Castilla y León gobiernan actualmente PP y VOX. 

Es legítimo exigir transparencia en el empleo del dinero público y evitar que las instituciones se conviertan en instrumentos de propaganda partidista, pero una cosa es controlar el gasto y otra muy distinta establecer categorías ideológicas que puedan dejar fuera obras incómodas para quienes gobiernan. ¿Quién determina cuándo una película es crítica y cuándo resulta adoctrinadora? Si el acceso a los recursos públicos depende de que una creación resulte aceptable para el poder político, el artista puede terminar autocensurándose antes incluso de comenzar a producir. La cultura no existe para confirmar certezas, sino también para contrastarlas. El arte puede equivocarse, incomodar, provocar y explorar territorios que no siempre son del agrado de la mayoría. Una sociedad que convierte la creación artística en un espacio vigilado empobrece su conocimiento. Y ese riesgo afecta tanto a los artistas y profesionales, como a los ciudadanos que pierden la oportunidad de acceder a miradas diferentes sobre el mundo.

La educación constituye otro terreno decisivo. VOX defiende, entre otras medidas, una mayor centralización del sistema educativo y mecanismos que refuercen la capacidad de los padres para decidir sobre determinados contenidos escolares. Presentan estas propuestas como una defensa de la igualdad, la libertad de elección y la neutralidad educativa. Sin embargo, cabe preguntarse si esto garantiza por sí mismo una educación más libre o si, por el contrario, puede reducir la capacidad de las comunidades educativas para atender a su realidad cultural, lingüística y social. La escuela no debe convertirse en una prolongación del programa ideológico de ningún partido. Su misión consiste en formar personas capaces de pensar por sí mismas, contrastar fuentes, comprender la complejidad del mundo en el que viven y la realidad histórica, así como convivir con quienes opinan de forma diferente. Una educación que evita las preguntas incómodas o limita el acceso a determinadas perspectivas no fortalece el pensamiento crítico, lo debilita, lo arrasa. La defensa de la enseñanza pública significa comprender que una sociedad democrática necesita una red pública suficientemente dotada para que las oportunidades educativas no dependan del nivel de renta de la familia. Algo semejante ocurre con la sanidad. La pregunta es qué modelo sanitario queremos. Si la atención sanitaria se organiza cada vez más en función de la capacidad de pago, de la contratación de seguros privados o de la disponibilidad de alternativas fuera del sistema público, las personas con menos recursos pueden quedar en una posición de mayor vulnerabilidad. Piénsenlo bien cuando vayan a votar…

En materia de pensiones no es posible tratarlas como una cuestión secundaria o confiar exclusivamente en el ahorro individual para garantizar la vejez. La pensión constituye, para millones de personas, la principal fuente de ingresos después de una vida de trabajo y cotización solidaria al sistema público. Su suficiencia y estabilidad forman parte de la seguridad colectiva y del compromiso entre generaciones. La Constitución establece que los poderes públicos deben garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Cualquier propuesta de reforma, venga de donde venga, debería someterse a la pregunta básica de si protege de forma suficiente a quienes han terminado su vida laboral y si contribuye a sostener el sistema a largo plazo. El debate no puede reducirse a consignas simplonas y oportunistas para desestabilizar un gobierno. Piénselo mucho cuando vayan a votar… 

Existe, además, un elemento transversal a todos estos ámbitos: la tendencia a dividir a la sociedad entre quienes merecen protección y quienes son presentados como una carga; entre quienes encarnan una supuesta identidad nacional y quienes son considerados ajenos a ella; entre las expresiones culturales aceptables y las que se califican de ideológicas. La propuesta de establecer una prioridad nacional en el acceso a determinadas ayudas sociales, presente en los programas de VOX, abre un debate sobre los criterios de acceso a los recursos públicos y su compatibilidad con los principios de igualdad y legalidad. La democracia exige preservar las instituciones y garantizar que ninguna fuerza política pueda confundir su programa con los intereses de toda la sociedad. Los derechos fundamentales no pertenecen a un partido como VOX ni a una generación; son el resultado de una construcción colectiva que necesita vigilancia, participación y responsabilidad.

Es necesario combatir la desinformación con argumentos, responder al malestar social con políticas eficaces y demostrar que los servicios públicos pueden funcionar siempre mejor. En España existe hasta la fecha un marco de libertades que permite convivir a personas con ideas, lenguas, creencias y proyectos de vida diferentes. Su fortaleza no depende de que todos pensemos igual, sino de que nadie tenga el poder de imponer una única manera de pensar, crear, educar o vivir. Por eso, el debate sobre VOX y la extrema derecha nos obliga a preguntarnos qué sociedad queremos construir y qué derechos estamos dispuestos a proteger o perder. La libertad artística, la educación plural, la sanidad universal y las pensiones dignas no son privilegios de una ideología: son elementos esenciales para todos. Por eso ¡piénsenlo mucho cuando vayan a votar! que nadie les engañe con palabrería. Defiendan la sanidad y la educación públicas, el sistema público de pensiones, no perdamos lo que hemos conquistado con el esfuerzo continuado de todos.