El Ayuntamiento tendrá que pagar el 70% de la indemnización, y el resto lo abonará el Principado, en un fallo ante el que cabe recurso en el TSJA

Redacción/ Grau

El “caso Trastévere” —el procedimiento en el que Bernardo Álvarez reclamó indemnización al Ayuntamiento de Grado y al Principado de Asturias por los perjuicios del cierre de su gastrobar— ya tiene sentencia. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedoha fijado una una indemnización de 330.346 euros por los daños derivados de la actuación administrativa y añade otros 15.000 euros en concepto de daños morales.

La cuantía se reparte entre ambas administraciones, el Consistorio deberá asumir el 70 % del total, mientras que el 30 % restante corresponderá al Principado. De este modo, el juzgado reconoce que las decisiones adoptadas en este conflicto generaron un perjuicio indemnizable y distribuye la responsabilidad en función del grado de implicación de cada institución.

El fallo está sin embargo muy lejos de los 1,2 millones de euros que reclamaba el hostelero, que abrió el bar con todas las licencias, que finalmente fueron tumbadas por una decisión judicial. El Juzgado considera que los daños se debieron a la actuyación del Ayuntamiento, en un 70 por ciento, y a la del principado, ya que el servicio de Patrimonio había avalado los permisos.