En el Ayuntamiento de Somiedo ya casi nada sorprende. Pero hay operaciones que, por su dimensión económica, por la velocidad con la que se tramitan y por la enorme distancia existente entre la realidad, la legalidad y la actuación administrativa del Ayuntamiento, obligan a hacerse preguntas. Muchas preguntas.

El Ayuntamiento de Somiedo ha acordado la adquisición directa de tres fincas rústicas situadas en Pola de Somiedo, en Parque Natural, por un importe total de 250.000 euros. Tres parcelas que suman aproximadamente una hectárea de suelo no urbanizable, protegido, de naturaleza agropecuaria y sin aprovechamiento urbanístico alguno. Suelo rústico. Suelo de especial protección. Suelo sometido, además, a condicionantes ambientales, hidráulicos y territoriales especialmente intensos por su ubicación en pleno espacio natural protegido y en zona inundable.

La cifra llama poderosamente la atención incluso antes de entrar en cualquier análisis técnico. Porque basta una aproximación elemental al mercado rural asturiano para advertir que algo no encaja. Mucho menos en un municipio como Somiedo, donde el suelo rústico mantiene valores históricamente moderados y donde las limitaciones derivadas del Parque Natural, de la Red Natura 2000 y de la normativa urbanística reducen plenamente las posibilidades de transformación y reducen al máximo las de una posible explotación intensiva.

La operación municipal se formaliza, además, mediante el mecanismo excepcional de la adquisición directa, reservado legalmente para supuestos muy concretos y que exige una motivación reforzada. Sin embargo, la documentación conocida hasta el momento deja más sombras que certezas. No consta explicación pública suficiente sobre por qué se acude a este sistema excepcional. Tampoco se ha difundido una valoración técnica independiente y detallada que permita comprender cómo se alcanza un precio que, según distintas fuentes expertas consultadas, podría situarse muy por encima del valor real de mercado de terrenos de esta naturaleza.

Las dudas se multiplican cuando se analiza el contexto temporal de la operación. Las fincas habían sido sorprendentemente adquiridas por dos particulares prácticamente al mismo tiempo que el Ayuntamiento comenzaba a mover internamente la operación para proceder a su compra.

Meses después, el Ayuntamiento acuerda su compra por una cuantía extraordinariamente elevada para suelo rústico de especial protección, con un precio que, según se desprende de los antecedentes administrativos disponibles, había quedado definido antes de iniciarse el expediente administrativo necesario para analizar la viabilidad de su posible adquisición. Y todo ello en paralelo a un proyecto financiado con fondos europeos NextGenerationEU, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para la creación de infraestructuras vinculadas a la gestión de flujos turísticos, a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias.

La secuencia resulta, cuando menos, llamativa.

Porque no se trata simplemente de un aparcamiento. Ni de una actuación rural menor. La documentación municipal menciona aparcamientos para decenas de vehículos, plazas para autobuses, paseo fluvial, dársenas, zonas de servicios e incluso usos vinculados a emergencias. A medida que avanzan los expedientes y aumenta la necesidad de justificar el desembolso realizado, las finalidades de la operación parecen multiplicarse, llegando incluso a deslizarse la posibilidad de construir viviendas en suelo no urbanizable de especial protección, dentro de un Parque Natural y sobre terrenos que no se pueden transformar en suelo urbano.

Y ahí aparece una cuestión especialmente delicada: las fincas se pagan por lo que son, no por lo que te gustaría que llegasen a ser. Mucho menos cuando ni siquiera se trata de suelo urbanizable ni existen expectativas reales de que cambie.

La sensación que deja la secuencia administrativa es precisamente la contraria a la que debería existir en una actuación de esta naturaleza: primero se habría fijado un precio extraordinariamente elevado para suelo rústico protegido y solo después se habría intentado construir un relato capaz de justificar tanto la necesidad de la adquisición como la magnitud económica de la operación. Así, se abre inevitablemente el debate sobre si realmente existió una planificación previa clara o si, por el contrario, se intentó construir después la justificación de la decisión previamente tomada de comprar 10.000 m² de suelo rústico por 250.000 euros.

Y ahí aparece la cuestión verdaderamente delicada: el dinero público. Porque 250.000 euros en un municipio pequeño no son una cifra menor. De hecho, la operación se sitúa en el límite legal dentro del cual se puede actuar sin mayores controles, al rondar el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. Mucho menos para para adquirir fincas rústicas sin edificabilidad, en un entorno sometido a fuertes restricciones legales y ambientales.

La pregunta es inevitable: ¿cuánto valen realmente esos terrenos?

Fuentes técnicas consultadas apuntan a que el precio abonado podría situarse unas cinco veces por encima de referencias agrarias habituales en Asturias para terrenos comparables. Incluso aplicando hipótesis extraordinariamente favorables de localización y aprovechamiento, el resultado seguiría alejándose notablemente de los valores ordinarios del suelo rural protegido.

Y cuando la diferencia entre el valor objetivo y el dinero desembolsado alcanza determinadas dimensiones, el debate deja de ser exclusivamente político para convertirse en una cuestión de interés público.

El Partido Popular de Somiedo ya ha decidido recurrir la adquisición, cuestionando no solo el precio pagado, sino la propia secuencia procedimental, la motivación de la operación y la vinculación directa de la compra con el proyecto financiado con fondos europeos, entre otras cuestiones. Y todo ello frente a un Ayuntamiento que, en una actuación tan inusual como acelerada, promovió la delegación de las competencias que para esta actuación ostentaba el Pleno en la Alcaldía, concentrando así el Alcalde el control efectivo de las decisiones y reduciendo al mínimo el margen de fiscalización política por la oposición.

Al mismo tiempo, la oposición denuncia una preocupante falta de transparencia institucional. Según sostienen los concejales populares, el Ayuntamiento continúa sin facilitar documentación relevante pese a las reiteradas solicitudes formuladas, mientras determinadas publicaciones oficiales en el BOPA se habrían realizado de forma especialmente confusa, sin identificar de manera clara el verdadero alcance económico y patrimonial de la operación, en una secuencia que, según denuncia el PP de Somiedo, habría tenido como finalidad acelerar la consolidación y firmeza administrativa de una actuación de dudosa legalidad.

La sensación que comienza a extenderse es la de una operación tramitada a gran velocidad, con escasa transparencia y bajo una aparente necesidad de blindar administrativamente cuanto antes unos actos que hoy ya se encuentran bajo creciente cuestionamiento político, técnico y jurídico.

¿Por qué tanta opacidad?

Porque ahí emerge otra cuestión especialmente sensible: el posible uso irregular de fondos vinculados al mecanismo europeo NextGenerationEU.

La actuación se inserta en el marco del PRTR a través de un convenio suscrito con el Principado de Asturias. Es decir, no se trata únicamente de una decisión municipal aislada, sino de una operación conectada a financiación europea sometida —al menos teóricamente— a estrictos principios de transparencia, buena administración, eficiencia y control financiero. Precisamente por ello sorprende aún más la aparente permisividad y colaboración institucional del Principado de Asturias ante una operación que acumula tantas incógnitas jurídicas, económicas y procedimentales.

La pregunta comienza a formularse ya en ámbitos políticos y técnicos: ¿cómo es posible que una actuación de estas características, vinculada a fondos europeos y desarrollada en un espacio ambientalmente protegido, haya avanzado sin que nadie haya activado mecanismos de control más intensos?

Porque el problema no es solo el precio. El problema es la sensación creciente de que determinados proyectos financiados bajo el paraguas del NextGenerationEU están sirviendo, en algunos casos, para mover cantidades muy relevantes de dinero público con controles administrativos sorprendentemente laxos, incluso en municipios pequeños y alejados como es Somiedo.

Más aún cuando el expediente presenta otros elementos difícilmente explicables: publicaciones oficiales contradictorias —hablando simultáneamente de “adquisición por concurso” y “adquisición directa”—, ausencia de facilitación de documentación esencial, dudas sobre la disponibilidad real de los terrenos en momentos clave del procedimiento con maquinaria iniciando las obras y una llamativa aceleración administrativa concentrada en apenas unos días, hasta el punto de que el proyecto técnico de obras, de más de 600 páginas, habría sido adjudicado y remitido para su inmediata publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público en menos de 24 horas.

Nadie afirma, al menos por el momento, que exista ilícito penal. Sería irresponsable hacerlo sin una investigación completa y sin la documentación que el Ayuntamiento sigue sin facilitar. Pero sí concurren suficientes elementos objetivos para sostener que estamos ante una operación extraordinariamente controvertida, económicamente difícil de sustentar y administrativamente necesitada de muchas explicaciones.

En Somiedo, hoy, la verdadera pregunta ya no es cuánto costaron esas fincas. La pregunta es por qué.