El Pleno de Teverga amplía las causas de nulidad del acuerdo por el que dos hermanas mexicanas exigen al Consistorio un millón de euros
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L. S. N./Teverga
El ruinoso caso del palacio de Valdecarzana ya está en los tribunales. El equipo de gobierno de Teverga, de IU, anunció ayer en el Pleno que las propietarias del caserón, dos hermanas de ascendencia tevergana que residen en México, han presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de anular el acuerdo plenario de la compra del edificio, que se aprobó en 2010, y que esperaba financiarse con fondos mineros. «Es lo esperado, no nos coge por sorpresa», valoró el portavoz de IU, Adrián Gayo, que considera que el Ayuntamiento está dando los pasos necesarios para defender el interés general. En el Pleno de ayer, se aprobó un informe que detecta nuevas causas de nulidad del contrato, que se hizo «con un procedimiento administrativo plagado de irregularidades».
A la primera causa de nulidad que invoca el Ayuntamiento, que se trató de un acuerdo de «contenido imposible», ya que se carecía de financiación, pues se firmó cuando ya había expirado el convenio de los fondos mineros, se unen ahora otras, que en esencia se resumen en que la compra se decidió sin «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido», por lo que es nula de pleno derecho. Entre las irregularidades que detecta el secretario municipal está que faltan informes que eran indispensables para la legalidad de la expropiación por mutuo acuerdo, en concreto un informe del interventor, otro del secretario y un informe técnico valorando la compra. También, que la expropiación de mutuo acuerdo se hizo sin contar con ninguna tasación, ya que la única que figura en el expediente (y que tasaba la edificación en 152.000 euros, muy por debajo del millón por el que se cerró la adquisición) data de 2006, y a los dos años dejaba de tener validez legal; además, que el acuerdo de compra se hizo aprobando una moción del PSOE, no una propuesta de gobierno, lo que invalida la adquisición, ya que la moción solo tiene validez para asuntos que no requieran un procedimiento administrativo previo, «y una expropiación exige necesariamente un procedimiento previo».
El acuerdo de mantener el procedimiento de anulación fue aprobado por unanimidad, aunque no sin debate político, entre el PSOE, que volvió a defender la actuación del gobierno socialista alegando que todos los grupos salvo Independientes por Teverga votaron en aquel momento a favor de la compra, y la Alcaldesa, que pidió la dimisión de la portavoz socialista, Elena Tuñón, edil que formaba de la anterior Corporación, a la que Álvarez Ardura recrimina que no actuara cuando llegó la primera reclamación de pago, en 2013.
Para el portavoz del PP, Antonio Capín, «fue un Pleno de trámite, buscando la manera de corregir la decisión de la entonces alcaldesa Carmen Fernández Alonso de comprar una ruina de palacio en un millón de euros con una tasación oficial de 150.000 euros con cargo a unos fondos inexistentes. Otra más del PSOE tevergano en busca de la quiebra del Ayuntamiento».
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