La Declaración de Campo Grande, negociada a nivel estatal desde 2016, plantea compensar los daños a través de «declaraciones voluntarias de bajas» de los ganaderos por «coexistencia con fauna salvaje»
Propone subvencionar las medidas de prevención y buen manejo del ganado y limitar los controles de población
Redacción/Grado
Ganaderos, ecologistas e investigadores han consensuado un documento común sobre uno de los conflictos más encendidos, la gestión del lobo y su coexistencia con la ganadería extensiva. Se trata de la Declaración de Campo Grande, presentada ayer y firmada por un total de 32 entidades y particulares, entre ellos Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo o Xuan Valladares, presidente del Foro Asturias Sostenible, y miembro de Asturias Ganadera. También ha sido suscrito por miembros de COAG de Cantabria, biólogos, expertos en desarrollo rural y conservacionistas, como la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
Alcanzar un documento común no ha sido tarea fácil, y de hecho la declaración se lleva negociando desde 2016, en el seno del llamado Grupo Campo Grande, un foro de debate impulsado por la Fundación Entretantos. El objetivo de las reuniones era intentar un diálogo en un conflicto en el que ya solo sentarse a hablar parecía, en principio, imposible. De hecho, los propios impulsores de la Declaración consideran que «el avance más significativo consiste en que por primera vez, las partes enfrentadas en este conflicto han podido debatir libremente, en un clima de respeto, confianza mutua y voluntad de solucionar el problema”.
Tras dos años de debates, ayer se presentó en Madrid la Declaración, que se estructura en torno a siete ejes (cuantificación, evaluación y compensación de daños; instrumentos económicos; medidas de manejo y reducción de daños; control de poblaciones; los censos y la ciencia; estatus legal del lobo y aprovechamiento turístico). En cada uno de los ejes, se plantea un retrato de la situación (bajo el epígrafe: «Observamos …»), los puntos de acuerdo alcanzados y las recomendaciones. Entre los planteamientos, que pueden consultarse en este enlace, está un cambio completo de los sistemas de evaluación y compensación de daños, que se consideran muy imperfectos, burocráticos y poco efectivos. Plantean que «el mecanismo de cuantificación de daños se base en una ‘declaración voluntaria de bajas’ que efectúa el ganadero periódicamente ante las administraciones agrarias de sus respectivas comunidades autónomas», una medida que «podría incorporarse en un concepto englobador como ‘incidencias como compensación por coexistencia con la vida silvestre’ que agrupe todas las casuísticas ahora contempladas de forma parcelada y que afectan negativamente y en particular a los profesionales de la ganadería extensiva. A partir de esa cuantificación, se aplicaría algún factor de corrección en cada zona que podría vincularse con el censo oficial de lobos (mayor porcentaje de bajas indemnizables en las zonas de mayor densidad lobera), entre otros criterios», señala el documento. La Declaración también propone que se subvencionen las medidas de prevención de daños y las mejoras en el manejo del ganado, y reconoce que donde ha sido imposible alcanzar un acuerdo es en el control de las poblaciones de lobo, que considera que se deben limitar y utilizar «única y exclusivamente como herramienta de gestión de los daños, cuando otras medidas no letales se hayan mostrado insuficientes o incapaces de prevenir daños inasumibles, buscando que en el medio y largo plazo se minimice su aplicación».
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