Las familias deben asumir gastos de hasta 400 euros al mes para que sus hijos estudien Bachiller, un periodo no obligatorio
Estudiantes de ESO toman el transporte a las 6,15 de la madrugada, para poder llegar al IES Río Trubia a las ocho y media, tras recorrer medio concejo
Beatriz Álvarez/Quirós
“Los alumnos del Villar no están solos” y no solo por la movilización vecinal y las diferentes muestras de apoyo que han recibido, sino porque son muchos los alumnos del Valle que encuentran dificultades para llegar desde sus domicilios a sus centros escolares.
Es el caso de los niños y niñas quirosanos que cursan estudios en el IES Río Trubia. Unas doce familias, cada una con una realidad diferente, pasan del desánimo a la indignación cada vez que “echan a los guajes al instituto”.
En Quirós los problemas con el transporte escolar lo son al menos en dos aspectos. Por un lado, la supresión de un enlace a la línea por falta de niños en estudios obligatorios, deja a los alumnos de Bachillerato sin posibilidad de aprovechar el transporte escolar, obligándoles a, si quieren seguir estudiando, tener que llegar hasta el autobús de línea regular en la carretera general andando varios kilómetros o dejando sus padres de trabajar para poder bajarlos. “Es un sinsentido, menos mal que la educación es un derecho fundamental que ha de ser garantizado por los poderes públicos facilitándose el acceso a la misma”, lamenta Bea González en nombre de los padres y madres afectados. Además llevar a los futuros bachilleres al instituto supone un gasto medio diario a cada familia de unos 20 euros, nos cuenta Natividad Fernández, otra de las madres afectadas, “unos cuatrocientos euros al mes con lo que eso supone para una economía familiar en esta época”. Y es que deben abonar el taxi hasta la carretera general, y luego el autobús de línea, ida y vuelta.
Por otro lado, y también como consecuencia de la supresión de este enlace, en la actualidad existe un único recorrido a la línea para el resto del concejo, lo que supone, por ejemplo, que haya niños -hablamos de escolares de 12 y 13 años- a los que el transporte recoge a las 6.15 de la mañana con destino a Bárzana donde suben en la línea regular con destino a Trubia. Esta situación supone un choque frontal con la normativa de transporte escolar que determina que el tiempo empleado para acudir desde el domicilio al centro de estudios no deberá superar una hora de duración, de esta forma algunos de los más jóvenes alumnos del instituto tardan casi dos horas antes de llegar a su centro de estudios. Y ¿por qué dos horas si la distancia no es tanta? Muy sencillo, desde que se montan en su medio de transporte hasta que llegan a su destino algunos de estos niños recorren medio concejo, así por ejemplo un niño de Rano que va a Villamarcel, Coañana, Faedo, Salcedo y La Fábrica.
A todo este despropósito de enlaces, transbordos y conexiones hay que añadir que las carreteras de montaña son las que son y el curso escolar no ha hecho nada más que empezar, los padres y madres esperan a que lleguen las heladas, las nevadas o los argayos que tardan días en solucionarse para sumar a esto. Las familias invitan al personal de la Consejería a que, junto a sus hijos, realicen el trayecto para conocer la situación sobre el terreno y no desde los despachos. En palabras de los padres, “es una verdadera vergüenza y una discriminación a las zonas rurales”. La tan traída y llevada cruzada contra la despoblación pasa por garantizar servicios mínimos y derechos fundamentales, uno de ellos el de la Educación que desde 1959 figura en la Declaración de los Derechos del Niño y desde 1978 inspira nuestro ordenamiento jurídico desde nuestra Constitución que no solo lo recoge sino que además afirma que “serán los poderes públicos los que lo garanticen”. Decir desde el Consorcio de Transportes que es responsabilidad de las familias llevar a los alumnos de Bachillerato a clase “porque la enseñanza solo es obligatoria hasta los 16 años” supone que estos jóvenes de 16-17 años “¿deben dejar de estudiar y quedarse en casa?”, se preguntan sus padres.
Natividad Fernández, concejala del PP en el Ayuntamiento de Quirós y perjudicada por esta situación ha solicitado a su grupo en la Junta Regional que pregunte en la Comisión de Educación por la solución a este problema. Las familias damnificadas han mantenido una reunión esta semana con responsables del Ayuntamiento de Quirós. Rodrigo Suárez, alcalde y padre de dos niños en edad escolar, se ha comprometido a solicitar una reunión con Carmen Suárez, Consejera de Educación y acompañarles en la misma para defender los derechos de los alumnos. El colectivo de familias implicado ha planteado la posibilidad de iniciar movilizaciones a partir del lunes día 14 de octubre.
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