La alcaldesa en funciones destaca que la prueba implicaba la llegada al concejo de más de 300 personas de otras comunidades autónomas, «había preocupación en el centro de salud y la actividad no era esencial»
El consistorio está obligado por ley a crear una empresa pública que gestione el servicio, y la premura de plazos aboca a la devolución de los 43.000 euros de subvención recibidos