Beatriz Álvarez / Quirós

Ayer se celebró pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Quirós, propuesto por el grupo municipal de IU, con la asistencia de los miembros de la Corporación para someter a debate un único punto en el orden del día: la pretensión de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda (ahora de Servicios y Derechos sociales) de privatizar la residencia para personas mayores de Bárzana-Quirós.

La pretensión del grupo municipal de IU era conseguir que el grupo socialista quirosano se manifestase acerca del proceso iniciado para la privatización del servicio de la residencia del ERA en dicho concejo. Esta residencia se ve afectada junto a las de Teverga, Salas, Soto de Luiña y Grandas de Salime. En la actualidad este proceso está paralizado pero no anulado a expensas, según informó Ovidio García, alcalde de Quirós, de un recurso presentado por las propias empresas del sector y a la espera de que el Tribunal Central de Contratación se pronuncie.
Ovidio García manifestó que la situación de estas residencias, cuya gestión estaba en manos de entidades sin ánimo de lucro, era «irregular» pues estaba siendo realizada atendiendo a unos convenios que no se ajustaban a la ley. La ley de Servicios Sociales aprobada con el consenso de todos los grupos en el Parlamento asturiano, pero aún en vías de desarrollo introduce el llamado concepto de «concierto social» que permitiría legalizar estas situaciones anómalas, facilitando que las llamadas empresas del tercer sector siguieran realizando este trabajo siempre ajustándose a criterios de igualdad, eficiencia, rentabilidad social y calidad. Como esta ley está en situación de ser desarrollada reglamentariamente el grupo socialista quirosano propone solicitar la paralización del expediente hasta que efectivamente, de la puesta en marcha de la ley, pueda ser aplicado el llamado «concierto social».
Si bien ambos grupos se muestran de acuerdo en el fondo, Fabián Álvarez portavoz del grupo de IU propone que se recoja en el documento la exigencia de cumplimiento de los compromisos de investidura, en concreto el que hace referencia a la «privatización de servicios público» que incluye expresamente este caso.
Sometidas a votación ambas propuestas se aprueba la del grupo municipal socialista con la abstención de los concejales de IU, en la que se solicita al ERA de acuerdo a la normativa legal la paralización del expediente, hasta que pueda realizarse una nueva adjudicación mediante «concierto social» establecido por la ley 9/2015 de primera modificación de la ley del Principado 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.