Ayuntamientos: cuestión de prioridades

Por Casimiro ÁLVAREZ

Ya estamos acostumbrados a escuchar de nuestros dirigentes municipales la frase con la que responden a cualquier petición vecinal: “no hay un duro” y con ello se quedan tan tranquilos mientras las caleyas permanecen intransitables, los alumbrados públicos raquíticos, algunas carreteras llenas de baches, puertos altos ricos en pastos sin accesos, hórreos y casas abandonadas al borde del derrumbe suponiendo un grave peligro para vecinos y transeúntes y, así un largo etcétera.

Pero lo cierto es que los ayuntamientos manejan enormes cantidades de dinero que, aunque la mayor parte procede de aportaciones del estado o la autonomía, tal como demuestran los datos facilitados por el documento titulado Estrategia de Desarrollo Rural 2014 – 2020 del Camín Real de la Mesa, en el que se ofrecen datos tan alarmantes como por ejemplo, que los ingresos propios del ayuntamiento de Teverga (el más rico y con mayor presupuesto de la Comarca de los Valles del Oso) cubren solamente un 14% de su presupuesto; pues a pesar de ello, debemos reconocer que la inmensa mayoría de tan dilatados presupuestos se queda en las entretelas de las propias administraciones, cargadas de burocracia e ineficacia, dejando sólo cantidades ridículas para atender las carencias de los vecinos. Me contaba un día de éstos un indignado vecino de Proaza, que habían solicitado al Ayuntamiento ampliar un poco la estrechísima calle de un pueblo, para lo cual cedían el terreno necesario los vecinos con la condición de que se reconstruyera nuevamente un pequeño muro de contención (total cuatro perras para solucionar un grave problema) a lo que el alcalde respondió ofreciendo los materiales para que ellos mismos (todos pensionistas) acometieran la obra. Eso sí, mientras tanto observaban el despliegue de personal municipal que pululaba por el pueblo cada vez que un vecino iniciaba una pequeña reforma, o que abarrotaba las oficinas del ayuntamiento cuando bajaban a cualquier gestión.

Lo cierto es que en tiempos pasados con el triple de población, los Ayuntamientos funcionaban con un tercio de empleados, todos ellos funcionarios y no como ahora, donde casi todos son contratados laborales o administrativos, modalidad irregular de contratación de las administraciones públicas, que sirven para convertir en indefinidos  trabajadores que habían sido objeto de una contratación temporal mediante un fraude de ley por parte de la Administración. Éste tipo de contratación está permitida únicamente de manera excepcional para trabajos concretos por tiempo limitado, pero claro, facilita el enchufismo de amigos, correligionarios políticos y familiares de alcaldes y concejales, con el inestimable apoyo de sindicalistas que se prestan a hacerles el juego a los políticos, simulando una selección aséptica e independiente y, vulnerando con ello los derechos de los trabajadores a los que les impide el acceso a la función pública por el sistema de libre concurrencia. Lo deja muy claro el Tribunal Constitucional en repetidas sentencias que se pueden resumir así: “el carácter excepcional de la contratación administrativa, impide utilizar este procedimiento como vía normal de provisión de puestos en la función pública, lo diga así o no, otra norma particular”

El resultado no puede ser más desastroso. Los ayuntamientos y demás órganos municipales o comarcales, se han convertido en el refugio de un montón de enchufados que viven a costa del dinero que debería ser dedicado para atender las carencias en infraestructuras y servicios de los vecinos, la mayor parte de los cuales en nuestra comarca son viejos y pensionistas cargados de achaques.

Las cifras son espeluznantes. Los cuatro ayuntamientos que conforman la comarca de los Valles del Oso con unos 5.000 habitantes suman un presupuesto anual aproximado de 4.500.000 € (casi 750 millones de pesetas) de los cuales casi 2.000.000 € (332 millones de pesetas) están dedicados a los salarios de los aproximadamente 57 empleados municipales que tienen entre todos (escuelas taller, planes de empleo y contratos de formación, aparte) y de todos ellos sólo 7 son funcionarios. ¡Una auténtica vergüenza!

Lo peor de todo, es que cuando por fin llega un nuevo alcalde con los pies en el suelo, la cabeza en su sitio, sin mayores aspiraciones personales que mejorar la vida de sus parroquianos (hasta el punto de renunciar al sueldo, dietas o kilometrajes) con el apoyo unánime de vecinos y concejales, que pretende poner un poco de sensatez en la casa consistorial, donde, según me cuentan, se da el caso de un Agente de Desarrollo Local que después de siete años de trabajar para el Ayuntamiento de Stº Adriano, no sabe dónde queda uno de sus pueblos más importantes con un nombre tan significativo como Castañedo del Monte, donde en el año 2015 cuando todavía no se habían atendido las nóminas del mes de diciembre, acumulaba un déficit de 100.000 € frente a un presupuesto de ingresos previsto para 2016 de 170.000 €, de los cuales 168.000 estarán dedicados a gastos de personal, a los que hay que añadir al menos otros 80.000 de gastos corrientes (energía, combustibles, oficina, mantenimientos, etc.) los primeros intentos de reducción de jornada de dos de sus trabajadores son frenados por una sentencia judicial. Aunque en mi opinión el alcalde pecó de excesiva prudencia, puesto que probablemente hubiera sido mejor proceder a extinguir los contratos amortizando las plazas que ocupan, o en el peor de los casos, al despido de los mismos como si se tratara de trabajadores indefinidos de una empresa privada, por concurrencia de causas económicas, técnicas u organizativas mediante el despido objetivo o colectivo, con la correspondiente indemnización.

Pero todavía resulta más doloroso, que incluso concejales de ayuntamientos vecinos se atreven a criticar al alcalde de Stº Adriano, acusándolo de aprovecharse de los trabajadores; cuando deberían estar haciendo cuentas en sus propios ayuntamientos para zanjar de cuajo la estafa que se está cometiendo contra los vecinos, por parte de los responsables de tales plantillas que derivan el dinero que por ley les corresponde, a pagar las contrataciones irregulares de amigos y familiares.

En cualquier caso parece que el carro pasó delante los bueyes y así no se puede llegar a nada bueno. No tardando mucho, a medida que el Principado siga recortando subvenciones a los ayuntamientos pequeños y en vista de la negligencia de sus gestores, empezará un rosario de bancarrotas que los conducirá a la disolución e integración en otros de mayor envergadura (en el caso de los Valles del Oso, nos absorberá Grado u Oviedo) con el consiguiente perjuicio para los pocos vecinos que quedan.

La solución es evidente. Fusión de ayuntamientos con reducción de plantillas al mínimo necesario y todos funcionarios por oposición, con ello se optimizan recursos para dedicarlos al verdadero objetivo de los ayuntamientos, realizar las obras y servicios que los vecinos (en nuestro caso, casi todos viejos) necesitan. Fijándonos otra vez en el mismo ejemplo anterior, Los Valles del Oso quedarían con una plantilla máxima de 10 funcionarios entre los que estaría incluido un Secretario de Administración Local y un administrativo para atender una oficina de atención al público en cada una de las anteriores capitales. Es decir que para la misma población (unos 5.000 habitantes) reduciríamos la plantilla a la quinta parte, el número de alcaldes y concejales a un cuarto y los gastos de una manera asombrosa.

Pero “con la iglesia hemos topado” y no me refiero a la institución religiosa. El sillón de la alcaldía, aunque sea de un consistorio ridículo, resulta tan placentero para las posaderas de quienes lo ocupan que no hay manera de que lo abandonen voluntariamente. Incluso sufren tanto cuando los desalojan obligatoriamente, que los deja seriamente traumatizados y con ganas de volver. De manera que, ¡como para promover o tan siquiera consentir que su “merecidísimo” puesto pueda desaparecer!. Antes permitirán que sus parroquianos se vayan al traste con la disculpa de que se trata de una utopía, imposible de realizar. Pero lo único cierto es, que los países avanzados de Europa lo están llevando a la práctica de manera generalizada con rotundo éxito.