El Supremo exige a SBS las cuentas que justificaron los 55 despidos
La presidenta de Foro, Cristina Coto ve en este requerimiento una esperanza para los afectados por el ERE
Concentración de los despedidos frente a la fábrica
La presidenta y portavoz de Foro en la Junta General del Principado, Cristina Coto, ha afirmando este sábado que «el Tribunal Supremo, al admitir a trámite la petición de los trabajadores, amparada por la Fiscalía, de que se aporten documentos que podrían acreditar posibles irregularidad en el ERE de Santa Bárbara Sistemas, ofrece una esperanza a los despedidos». Por otro lado los 55 despedidos han vuelto a convocar para el próximo jueves 10 de marzo una concentración a las 13 horas frente a la fábrica de armas de Trubia exigiendo su readmisión.
En una nota difundida por Foro se refieren a “documentos cuya ausencia restó motivación a los despidos, algo que desde el principio ha denunciado FORO, y que de determinarse así judicialmente podría causar la nulidad del ERE de Santa Bárbara Sistemas”.
“El auto del Tribunal Supremo es de una extraordinaria importancia –subrayó Coto- puesto que por fin se reconoce que la empresa debiera haber presentado las cuentas consolidadas y no unas provisionales y de una parte de la empresa para justificar el ERE”.
“Los documentos cuya inclusión ahora interesa la Fiscalía en el seno del recurso de casación pueden ofrecer conclusiones muy sospechosas, por sus fechas y por incongruencias que sirvieron de soporte para los despidos de los trabajadores y para el desmantelamiento de nuestra industria armamentística asturiana”, añadió.
“De hecho –afirmó Coto- la sentencia ahora recurrida en casación ya reconocía que la empresa incumplió varios requisitos formales de entrega de parte de la documentación e información legalmente exigible, susceptible de conllevar la nulidad del ERE, como denunciaban los demandantes, pero consideró que, al no haberse reclamado dicha documentación durante el ERE, ni haberse denunciado su ausencia en el período de consultas, no podía en ese momento procesal pretenderse la nulidad”.
Coto recordó que ella misma fue objeto de querella por calificar el ERE como fraudulento, querella que finalmente se archivó: “No se entregó la documentación que la Ley exige, esto es, las cuentas consolidadas de la sociedad que podrían demostrar que no existían 68 millones de pérdidas; se negaron esos documentos tanto en el periodo en el que se gestionó el ERE con los representantes de los trabajadores, como en las declaraciones de los responsables y auditores de la empresa en calidad de testigos ante la Audiencia Nacional; ahora se descubre que sí existía esta documentación contable pero parece que no favorecía la decisión de la empresa de formalizar el brutal ERE que dejó en la calle a más de 600 trabajadores trasladando los costes sociales indebidamente al erario público”.
