«No se pueden tolerar intimidaciones, amedrentamientos, amenazas y presiones por parte de responsables políticos hacia entidades o asociaciones, las cuales sólo desarrollan su trabajo en la protección de los ecosistemas naturales y sus especies, bajo la más estricta legalidad según las normativas reguladoras en vigor», señala Avispa en su duro comunicado.
Piden también que sea la Administración «la primera que cumpla, y haga cumplir, la normativa y no ampare la comisión de presuntos actos delictivos en su término municipal, como son las acciones de furtivismo que parece pretenden encubrir». Esta grave acusación fue desmentida a La Voz del Trubia por el guarda mayor de la Patrulla Oso quien informó que no constaban expedientes abiertos en este concejo por acciones furtivas ni había denuncias contra nadie en la actualidad.
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