El Supremo decidirá el 19 de abril si fue legal el ERE de Santa Bárbara

El alto tribunal ha decidido someterlo al Pleno de la sala de lo Social, «dadas las características de la cuestión planteada y su trascendencia»

Redacción/Grado

Ya hay fecha: el 19 de abril el Tribunal Supremo decidirá si fue legal el ERE de Santa Bárbara Sistemas que dejó en la calle a 55 trabajadores de las fábricas de armas de Oviedo, en aquel momento ya unificadas en Trubia. El alto tribunal ha decidido debatir el recurso planteado por los sindicatos en el Pleno de la sala de lo Social, «dadas las características de la cuestión planteada y su trascendencia», una decisión poco usual, ya que habitualmente son tres los magistrados los que analizan los casos, designándose a uno de ellos como ponente de la sentencia. Y es que el ERE de Santa Bárbara puede sentar jurisprudencia sobre los despidos colectivos que se aprueban en todo el país, y además el caso llega con mucha polémica, tras años de movilizaciones laborales y sindicales.

Los trabajadores tienen en su contra al Fiscal, que planteó un informe de conclusiones provisionales en el que da la razón a la empresa, pese a que admite que la tramitación del despido colectivo no fue «modélica». Los sindicatos insisten en que los resultados negativos en los que se amparó Santa Bárbara Sistemas para hacer los despidos eran muy inferiores a los declarados en el momento del ERE, lo que se refleja en su contabilidad oficial, que no se presentó en el momento del juicio. El Comité Intercentros ha hecho público un comunicado en el que critica a la Fiscalía, cuyo informe, aseguran, han leído con «estupor», por contener «ponderaciones de carácter subjetivo», como la afirmación de que la empresa adoptó «medidas razonables en términos de gestión empresarial, ajustándose al estereotipo de buen comerciante», o la de que los recurrentes pretendían «construir una sentencia a su medida», algo que, alegan, es imposible, ya que se trata de una competencia exclusiva de los tribunales. También critican que el Fiscal reste importancia a la omisión de información o a que la empresa no haya respetado los requisitos formales, por lo que aseguran que «dentro del respeto que nos merece la institución del Ministerio Fiscal, no podemos compartir sus alegaciones».