El PSOE ve «una campaña de acoso» en el ‘caso Valdecarzana’

«El gobierno local quiere tapar su mala gestión», dice el edil Fernando García sobre la decisión de abrir un juicio penal contra los anteriores alcaldes socialistas de Teverga

Redacción/Grao

El Ayuntamiento de Teverga ha decidido poner en marcha un proceso penal en el que serán investigados los anteriores alcaldes, María del Carmen Fernández y Belarmino Álvarez, ambos del PSOE, por la compra del Palacio de Valdecarzana. Una decisión en la que los socialistas ven “una campaña de acoso y derribo” hacia sus compañeros de partido.

“El gobierno local quiere tapar su mala gestión”, ha destacado Fernando García, concejal del PSOE en la actual corporación. Junto al resto de los ediles de su partido, votó en el Pleno del pasado viernes en contra de llevar por la vía penal a los antiguos regidores por la adquisición del Palacio de Valdecarzana, que podría suponer la quiebra del Ayuntamiento de Teverga al solicitar la propiedad el pago del dinero acordado, un millón de euros. A esta cantidad habría que sumar los intereses de demora, que podrían elevar la factura a 1,6 millones de euros. Una cifra que supera el presupuesto del municipio.

Pero los socialistas no solo esgrimen motivos políticos para oponerse a abrir un proceso judicial centrado en María del Carmen Fernández y Belarmino Álvarez. Cuando votaron en contra de la medida, argumentaron que no contaban con toda la documentación necesaria para apoyar la decisión. Entre otros asuntos, Fernando García ha señalado que “no disponíamos del expediente completo”.

De todas formas, el concejal del PSOE ha señalado que “no nos oponemos a un proceso penal pero consideramos que son el juez y el fiscal los que tienen que dictaminar quienes son los culpables”. De ahí que los socialistas se negasen a señalar a sus compañeros de partido. Su voto contrario, sin embargo, no fue suficiente para frenar una decisión que salió adelante con el apoyo de los ediles de Izquierda Unida (IU) y el Partido Popular (PP) y que tuvo que desempatar el voto de calidad de la alcaldesa del municipio, María Amor Ardura, de IU. “Estamos luchando por los intereses de nuestros ciudadanos”, señalaron ayer portavoces de ambas formaciones.

Fernando García ha recordado también que además de una vivienda, que se encuentra en mal estado de conservación, la operación de compra incluye también 37.000 metros cuadrados de terreno urbanizable. “Venden la moto de que se paga un millón de euros por un palacio en ruinas, pero no es así”, ha indicado el concejal.

El inicio del proceso penal está ahora pendiente de que el gobierno local y los letrados encargados de llevar el caso se pongan en contacto para definir plazos y formas, paralizará el contencioso-administrativo que se encuentra abierto.