Operación Valdecarzana: «Nos quitaron los ahorros de una vida»

La familia asturmexicana propietaria del palacio por el que reclaman 1,6 millones de euros a Teverga  asegura que les «engañaron» con el proyecto y responsabilizan a la exalcaldesa Carmen Fernández

F. Romero / Teverga
Las cuatro herederas del expropiado Palacio de Valdecarzana, que ahora reclaman 1,6 millones de euros al Ayuntamiento por el pago de una expropiación que nunca se ejecutó a la espera de unos fondos mineros que nunca llegaron, aseguran que la actual Corporación municipal no trató de negociar con ellos.
Fuentes cercanas a la familia consultadas por LA VOZ DEL TRUBIA afirman estar “cansados de todas las mentiras que se han contado” y remontan el conflicto a 1998 con una expropiación que se hizo de “mala manera”. “Primero pagaron unas cantidades irrisorias. Por La Pedrera (zona donde se construyó la rotonda y luego se extendió hacia arriba el camino) pagaron 50 céntimos de peseta por los árboles que había”. Aseguran que no se pagó un duro “y se quedaron con todo. No le dejaron nada a nuestro padre, se lo quitaron a las malas y la responsable fue la entonces alcaldesa María del Carmen Fernández. Nuestro padre quería hacer un hotel con un mini campo de golf , y jamás se lo autorizaron. En vida de mi padre lo expropiaron, y al morir ellos hablaban de hacer un hospitalillo para gente de la tercera edad… que no tuvieran que ir a Oviedo y aumentaron de ser expropiación a expropiacion forzosa”.
Aseguran que las “broncas” que está teniendo la actual Corporación municipal “son para retrasar más el pago y aún no se ha abonado nada y estamos hablando de más de 17 años”.
El propietario del palacio y de las llamadas fincas planas de San Martín era Manuel Álvarez López, de Vigidel. Murió el 9 de enero del 2004 “y le prometieron garantía total a la propiedad privada, pero trajo sus ahorros de toda la vida hechos en México para que se los quitaran de esta manera”.
El Palacio fue adquirido en 1991 “con sus esfuerzos de trabajo como emigrante pero le duró poco el gusto. Iba comprando de la parte plana de San Martín lo que le iban vendiendo. La tasación que hicieron por el Palacio y los terrenos de los alrededores fue de un millón de euros y nos dijeron que los pagaban en 50 días de lo Fondos Mineros y que si no lo hacían pagaban intereses. Lo supieron siempre en el Ayuntamiento, antes y ahora y fueron ellos solitos los que pusieron el precio y lo de los intereses.”
Se sienten también “engañados” porque el proyecto inicial que les anunciaron para justificar la expropiación era para un “hospitalillo”. “Nuestra madre, al saber que que iban a hacer el hospitalillo dijo que les donaba los terrenos con una condición, que el centro llevara el nombre de su marido recién fallecido y la alcaldesa Carmen Fernández dijo textualmente “jamás”. Yo supongo que ya tenían intención desde el principio de hacer un hotel”.
Las herederas del palacio dicen estar muy afectadas por este pleito: “emocionalmente para nosotras ha sido muy desgastante, desde ver por primera vez a mi padre derramar lágrimas por sentir que los frutos de su trabajo se iban al carajo, como dicen ustedes hasta tener que hacer nosotras el gasto de venir a arreglar los problemas, y hay que viajar 10.000 kilómetros de distancia. Nuestra madre, que era mexicana, era 16 años más joven y nunca superó la situación. Murió en las navidades del 2008”, asegura.

Tensión en Teverga
El proceso judicial de reclamación del dinero de la expropiación más los intereses ha tensionado en las últimas semanas la ya de por si complicada situación política de Teverga. Cruces de acusaciones, diferentes versiones… incluso el 1 de diciembre un grupo de vecinos, apoyados por el PSOE, se concentraron frente al Ayuntamiento para pedir que se detengan las demandas contra la exalcaldesa Carmen Fernández y el ex alcalde Belarmino Álvarez, a quien IU y PP acusan de ocultar durante su mandato el problema y dejar que crecieran los intereses de demora.
El último pleno del Ayuntamiento de Teverga decidió poner en marcha un proceso penal para investigar a los anteriores alcaldes, una decisión en la que los socialistas ven “una campaña de acoso y derribo” hacia sus compañeros de partido.
El inicio del proceso penal está ahora pendiente de que el gobierno local y los letrados encargados de llevar el caso se pongan en contacto para definir plazos y formas, y paralizará el contencioso-administrativo que se encuentra abierto.