Redacción/ Marcos Álvarez/Oviedo
No una, sino dos. Canteras Cárcaba impulsa en Priorio la construcción de una segunda planta, ésta de hormigón, que completaría la factoría de asfaltos. Esta es la información de la que dispone la concejalía de Urbanismo, que anuncia que llevará a la Junta de Gobierno municipal una propuesta para «requerir a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo que revise el conjunto del procedimiento de la planta alquitranera que una multinacional pretende instalar en la cantera de Priorio». Ignacio Fernández del Páramo destaca que «la multinacional también baraja otro proyecto para instalar una planta de hormigón». La alegación contra ambos proyectos es «un paso previo a la interposición de un juicio contencioso administrativo, recurso al que Del Páramo espera no tener que llegar».
La iniciativa de oponerse ante el Principado al proyecto, que ha puesto en pie de guerra a los vecinos de Las Caldas y su entorno, responde a la postura aprobada por todos los grupos municipales (PP, Somos Oviedo, PSOE, IU y Ciudadanos) en el Pleno del pasado martes. Entre las líneas de defensa que baraja el consistorio están la de señalar las insuficiencias de la declaración de impacto medioambiental para la actividad de alquitrán.
Por otra parte, Urbanismo entiende que es necesario que el Gobierno de Asturias «tenga en cuenta el impacto conjunto de las dos plantas previstas, la de hormigón y la de alquitrán, y valore los efectos perversos que sobre la salud de los vecinos y el medio ambiente pueda tener la combinación de ambas instalaciones en un mismo lugar».
Recursos de reposición
Hoy por la mañana, los vecinos han presentado en el Principado 300 recursos de reposición oponiéndose a la construcción de la planta de alquitranes. Los vecinos alegan que la planta es «una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera», pero que pese a ello «no se aporta un estudio actualizado de la calidad del aire del entorno, por tanto, no es posible evaluar si admite nuevas emisiones». También señalan que «no se aporta un estudio actualizado de acústica ambiental del entorno, por tanto, no es posible evaluar si admite nuevos focos de emisión sonoros», entre otras contradicciones que encuentran en el expediente, como la distancia mínima a núcleos habitados. También cuestionan que los estudios en los que se basa la resolución regional fueron «elaborados hace 20 y 15 años respectivamente, cuando no existían tecnologías como las actuales que permiten una mayor fiabilidad de sus conclusiones. No se tienen en cuenta los posibles efectos de la actividad extractiva, mediante voladuras, durante este periodo», alegan, entre otros extremos.
Los vecinos seguirán recogiendo recursos contra el proyecto, hasta el 16 de febrero, cuando concluye el plazo.
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