Redacción/ Marcos Álvarez/Grado
El consejero de Industria y Empleo, Isaac Pola, defendió hoy en la Junta General del Principado la legalidad de la tramitación de la licencia de la planta de asfaltos de Priorio, asegurando que su aprobación se ajustó «a un procedimiento reglado» que «no es opinable». Pola contestó así a una pregunta de la diputada de Podemos Lorena Gil, ante un nutrido grupo de vecinos que asistían al Pleno desde la tribuna de invitados, que acogieron con enfado y protesta las manifestaciones de Pola. El presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, amonestó a los vecinos por entender que con su actitud «han faltado el respeto a esta Cámara» y acusó a Podemos de «instrumentalizar» las protestas vecinales para presionar en los debates de los Plenos.
La mañana había comenzado con una nutrida concentración ante las puertas de la Junta General, en la que los asistentes, un centenar de personas, con pancartas negras contra la planta de asfalto de Priorio, pidieron el apoyo de los vecinos de la zona urbana de Oviedo, destacando que el deterioro ambiental afectará a todos.
El debate comenzó en torno a las 11 de la mañana, con una intervención en la que Gil preguntó al Gobierno si el desarrollo industrial que quieren para Asturias es el que se plantea en la planta de asfaltos de Priorio. «Ni respaldamos ni dejamos de respaldar» el proyecto, insistió Pola, que destacó que el proyecto fue tramitado por los técnicos siguiendo la normativa aplicable. Nada más lejos de la posición que defendió la diputada de Podemos, que arrancó su réplica asegurando que la tramitación «es ilegal». «La resolución se aprobó el 28 de diciembre, día de los Inocentes, y en efecto, parece una broma. En ella, por ejemplo, se dice que habrá que pedir licencia al Ayuntamiento de Carreño para la implantación del vertedero, cuando hablamos del Ayuntamiento de Oviedo y de una planta de asfalto. tengan más cuidado con el corta y pega». Y enumeró los defectos que a su juicio padece la tramitación, el más relevante, la declaración simplificada de impacto ambiental, cuando debería haberse hecho «una declaración ordinaria», más garantista. Lorena Gil destacó que parte de la tramitación se apoya en informes «de hace 15 o 20 años», con datos contradictorios sobre la cercanía de núcleos habitados, y recordó el descontento que ha creado la propuesta, que ha generado más de 300 recursos de reposición y una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
El consejero de Empleo aseguró que los técnicos estudiarán y resolverán los recursos de reposición, y defendió la solvencia de la tramitación previa, en la que se dio traslado del expediente a 30 organizaciones públicas y privadas afectadas por el proyecto, tramitado «con un procedimiento de carácter garantista, reglado, donde se ha dado turno a todas las partes implicadas».
El descontento vecinal ante su intervención se hizo patente dentro de la misma tribuna de invitados, y también cuando los vecinos salieron a reunirse con las personas concentradas a las puertas de la Junta. «Estamos hartos de las mentiras del PSOE», señalaron los vecinos tras la intervención del consejero, al que pedirán una reunión para exponerle su postura ante el proyecto. La postura del Gobierno generó entre los vecinos «mucha impotencia, porque siguen adelante sin preocuparse de nada. El Consejero sólo habló de procedimiento regulado y como si no pudieran hacer otra cosa. Según él se hizo todo bien», lamentaron los residentes, que alabaron la actuación de la diputada de Podemos.
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