María Jesús Álvarez reclama que los fondos excedentes de limitar las ayudas por explotación y excluir a los jubilados se distribuyan en función de las necesidades de los territorios
Redacción/Grado
La Polícia Agraria Común (PAC) no sólo prevé un recorte de los fondos del 20,86 por ciento más allá del 2020, también limitará las subvenciones por explotación, a un máximo de 100.000 euros, y expulsará del sistema de ayudas a los agricultores jubilados, según la propuesta presentada por la Comisión Europea, que aún está en debate. Ayer, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez defendió en Lugo que el excedente de dinero que se libere por estas nuevas limitaciones sea repartido por el Estado en función de las necesidades de los territorios, para desarrollar medidas estratégicas como la incorporación de jóvenes, el pago redistributivo de la renta a los agricultores o los pagos acoplados, entre otras.
Álvarez, que ha asistido en la ciudad gallega a una mesa redonda sobre la PAC después de 2020, ha añadido que estos fondos, que provendrían de establecer un tope máximo de ayuda por explotación de alrededor de 100.000 euros y de la salida de los jubilados del sistema de ayudas, “no pueden considerarse como derechos del territorio que los genera, sino que deben ir al sobre estatal para redistribuirlos en función de las necesidades”.
La responsable de Desarrollo Rural se ha referido también al nuevo marco financiero propuesto por la Comisión Europea para 2021-2027, en el que se reconoce una rebaja del 5% en el presupuesto agrícola, y ha puntualizado que, en realidad, “el recorte es del 10,61% para la PAC, de forma que los pagos directos del primer pilar se verán reducidos en un 7,30%, mientras que los fondos destinados al desarrollo rural sufrirán una disminución de un 20, 86%”. En su opinión, “esta propuesta no responde a las necesidades de la agricultura europea y es insuficiente para atender sus objetivos, por lo que ya hemos instado al Ministerio de Agricultura a exigir, al menos, el mantenimiento del presupuesto para el próximo periodo de programación”, ha añadido.
Álvarez se ha mostrado contraria a una renacionalización de la PAC porque “la política agrícola debe seguir siendo eminentemente común” y ha abogado para que sirva, después de 2020, para superar los desequilibrios entre los territorios y se oriente a los profesionales del sector primario que generan empleo y actividad. “Por eso tienen gran tienen una gran importancia los criterios que definan la figura de agricultor”, ha agregado.
Ha defendido, además, la necesidad de que la PAC refuerce “las medidas de igualdad para otorgar a las mujeres el papel que les corresponde y reconocer su trascendencia en el futuro de las zonas rurales” y se oriente “a las pequeñas explotaciones, a los jóvenes agricultores y a las zonas de montaña”.
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