Los ayuntamientos tienen hasta septiembre para aprobar los censos de inmuebles de más de 50 años, y los propietarios deben hacer la inspección antes del 31 de diciembre

Redacción/Grado

El Gobierno regional anunció ayer la ampliación del plazo para pasar la ITV de los edificios antiguos, de más de cincuenta años. Los ayuntamientos, que están obligados a disponer de un censo de los inmuebles afectados, tienen hasta el 30 de septiembre para publicar sus listados, y los propietarios, hasta el 31 de diciembre para pasar la inspección. La consejera de Derechos y Servicios Sociales, con competencias en vivienda, Pilar Varela, destaca que la ampliación se decidió tras una petición de la Federación Asturiana de Concejos, y que serán los ayuntamientos los que tengan que aplicar el régimen sancionador, si en las inspecciones se encuentran faltas leves o graves. Según los datos de la consejería, entre 7.000 y 8.000 edificios en Asturias tienen que pasar esta inspección, que corresponde en este ejercicio a las viviendas construidas hasta 1963. En la actualidad, ya disponen de 4.200 informes de evaluación, es decir, edificios que han cumplido con el decreto regional, cuya legalidad defendió la consejera. «tenemos la competencia para hacerlo, y el decreto ha sido aprobado sin que hubiera ningún recurso en contra», aseguró. La inspección pretende garantizar la seguridad del parque de viviendas asturiano.

La mayor parte de los municipios de la comarca ya tienen elaborado el censo, o bien están ultimando los trámites para su elaboración. En Grado, hay 158 edificios afectados por esta normativa, mientras que en Proaza no llegan a 120, la mayor parte en la villa o Traslavilla, En Candamo hay 14 edificios afectados, según el censo aprobado ayer por el Pleno, mientras que en Illas son 6 los inmuebles que tienen que pasar la inspección. En otros municipios, como Teverga y Somiedo, están ultimando el censo, que se aprobará próximamente. En Somiedo, se estima que afectará a 5 edificios, en Pola.

El informe deberá contener una evaluación del edificio que incluirá, el estado de conservación, el grado de accesibilidad y la certificación energética. Es obligatorio para todos aquellos edificios de tipología residencial de vivienda colectiva con una antigüedad superior a los 50 años.

El informe tiene que ser realizado por arquitectos, arquitectos técnicos o aparejadores y deberá presentarse en el registro general del Principado de Asturias, tanto presencialmente o por medios electrónicos.

El decreto obliga además a los ayuntamientos a crear un censo de edificios en el que se registren la totalidad de los edificios del concejo, su antigüedad y la fecha de la obligación de hacerlo. El censo se actualizará además anualmente