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El PP de Grado recrimina a IU la pérdida de una subvención para el telecentro, «su relato se desmorona»

Un informe del secretario concluye que la ayuda para la Mancomunidad de Yernes y Tameza se debió a un error administrativo, que el Principado no dio opción a subsanar, por lo que se ha presentado un recurso por «indefensión«

Telecentro de Grado

Redacción/ Grau

El PP de Grado denuncia la pérdida de una subvención de casi 46.000 euros para el telecentro, solicitada por la Mancomunidad de Yernes y Tameza, una ayuda que fue denegada por falta de documentación, lo que en un primer momento el equipo de gobierno municipal, de IU, achacó a un problema informático de la plataforma ORVE. Un informe del secretario concluye que el problema estuvo en que se subieron a la plataforma tres de los cuatro documentos de los que constaba la documentación, es decir, señala que fue un error administrativo. El Ayuntamiento de Grado mantiene el recurso contra la denegación, ya que el equipo de gobierno sostiene que se generó un error en el proceso de subir la documentación a la plataforma online ORVE, y que la Administración regional dictó la resolución final sin dar a los solicitantes ningún plazo para la subsanación de documentación. Este procedimiento, sin plazo de alegaciones, genera «indefensión» en los solicitantes, extremo en el que basan su recurso. En concreto, el Consistorio defiende que consta que la memoria, el documento que quedó sin presentar, tiene fecha de antes del fin de la convocatoria, lo que prueba que la documentación estaba completa en el momento que se exigía en las bases de la convocatoria.

Para el concejal del PP José Ramón González, la documentación «desmonta el relato político» del equipo de gobierno local. «Hace meses denunciamos públicamente la exclusión de la Mancomunidad de Grado y Yernes y Tameza de la convocatoria del Principado para los Telecentros, una ayuda cercana a los 46.000 euros destinada a formación tecnológica, empleo y cohesión social en nuestros concejos. Aquella denuncia no fue una ocurrencia política: se basaba en una resolución oficial publicada en el BOPA y en hechos verificables. La reacción del equipo de gobierno no fue explicar lo ocurrido con transparencia ni asumir responsabilidades. Fue atacar a la oposición y construir un relato técnico que hoy, con la documentación completa sobre la mesa, no se sostiene», señala el concejal, que arremete contra la teniente alcalde. «La teniente de alcalde, con dedicación exclusiva y retribución pública, aseguró en prensa que todo se debía a ‘un fallo informático de la plataforma ORVE’ y llegó incluso a acusar al Partido Popular de mentir y de actuar ‘como perros de presa’. No era una valoración política más: era una afirmación categórica dirigida a desacreditar a quien estaba ejerciendo su labor de control. Hoy sabemos que ese relato no coincide con los documentos oficiales. El propio Ayuntamiento ha terminado reconociendo que no existió ningún problema técnico en ORVE y que la causa fue un error administrativo en el envío. No lo dice la oposición. Lo dice un decreto municipal», señala el edil, que hace hincapie en que «esa es la secuencia objetiva que reflejan los documentos». Y concluye reclamando «más rigor» a los responsables municipales. «Quien ocupa un cargo público liberado y cobra un sueldo para gestionar no está para levantar relatos que luego se desmoronan cuando aparecen los papeles. Está para informar con rigor, asumir errores cuando se producen y tratar a la oposición con respeto institucional».

El equipo de gobierno rechaza las acusaciones, insistiendo en que el decreto explicita que hubo un error en el acceso a la plataforma ORVE, que se pretende subsanar con el recurso presentado contra la denegación.

Redacción

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  • El Decreto municipal 167/2026 es claro: no hubo ningún problema informático en ORVE; lo que ocurrió fue un envío administrativo incompleto, ya que no se remitió el proyecto, documento esencial según las bases de la convocatoria. Es decir, no fue un fallo del sistema, sino un error administrativo que pone de relieve la falta de supervisión en una tramitación especialmente sensible.

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