Redacción/Grado
El Principado ha decidido suavizar las condiciones para que los ganaderos abandonen carroña en el monte, para favorecer la alimentación de especies necrófagas, como buitres, osos y lobos. La consejería de Desarrollo Rural ha publicado hoy en el BOPA una resolución en la que suprime la obligación de disponer de un seguro de retirada de los animales, uno de los requisitos que se exigían hasta ahora, y mantiene el resto de las exigencias sanitarias. La decisión se adopta por «la repercusión que tendría la eliminación de esta exigencia sobre la disponibilidad de alimento para las especies necrófagas de interés comunitario», ya que muchas explotaciones que utilizan los pastos de montaña son de pequeñas dimensiones y no tienen capacidad para disponer del citado seguro.
La autorización para dejar carroña en el monte se aprobó hace algo más de un año, en mayo de 2017, tras más de una década de prohibición estricta. Desde la crisis de las vacas locas, y en aplicación de una directiva comunitaria, el Principado obligaba a los ganaderos a dar parte de todos los animales muertos, que eran retirados por la empresa pública Proygrasa. Según los datos de la organización ecologista Fapas, anualmente se retiraban más de 25.000 cadáveres de animales domésticos. Los conservacionistas achacaban a esta decisión administrativa el aumento de los daños de fauna salvaje al ganado vivo. Hace un año se levantó la prohibición, declarando a todos los municipios asturianos salvo los cercanos al aeropuerto “zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario”. Quedaban excluidos los concejos de Avilés, Carreño, Castrillón, Corvera, Gijón, Gozón, Illas, Llanera, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco, por estar incluidos dentro de la zona de influencia del aeropuerto de Asturias. Restringía, además, los lugares de abandono de cuerpos a determinados lugares de pasto, que pueden consultarse en este listado.
El decreto original, que salvo en lo que respecta al seguro se mantiene, establece que los cuerpos no podrán estar a menos de 200 metros de zonas habitadas ni de abrevaderos o puntos de alimentación del ganado. Los ganaderos deberán notificar el abandono de los cuerpos al dar de baja al animal, y la consejería se reserva las actuaciones de control e inspección necesarias para garantizar que el abandono de carroña no afecta a la salud pública, según se detalla en la resolución de mayo de 2017, que puede consultarse aquí.
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