Taja ratifica ante el juez su denuncia contra la alcaldesa de Teverga

Los representantes de la parroquia rural declararon hoy como testigos en el Juzgado número 1 de Grado, en las diligencias por presunta prevaricación y opacidad en el reparto del canon cinegético

Redacción/Grado

Los representantes de la parroquia rural de Taja, en Teverga, ratificaron hoy en el Juzgado su denuncia contra la alcaldesa de Teverga, María Amor Álvarez Ardura, por presunta prevaricación y opacidad en el reparto del canon cinegético. Los representantes de la entidad local (José Escobar, el presidente; Teresa Suárez, secretaria, y Milagros Díaz, vocal) declararon en el Juzgado número 1 de Grado en calidad de testigos, después de presentar una denuncia ante la Fiscalía, que a su vez denunció los hechos al juzgado moscón, al entender que había indicios. «Denunciamos que el reparto del canon cinegético entre las cuatro parroquias de Teverga se hizo sin respetar el criterio del Principado, que tiene en cuenta las hectáreas totales, no sólo las de montes de utilidad pública», señaló tras la declaración Teresa Suárez.

Los hechos se remontan a 2016, cuando el Ayuntamiento de Teverga distribuyó entre las cuatro parroquias rurales teverganas 23.000 euros del canon cinegético. Con los criterios aplicados por el Consistorio tevergano, salió beneficiada la parroquia de Páramo, que recibió casi el doble que la de Taja, a la que se ingresaron 4.590 euros. Los representantes de la parroquia no denuncian sólo el uso de un criterio de reparto que no coincide con el que aplica el Principado, también acusan al Ayuntamiento de actuar con «opacidad», ya que no han podido pese a haberlo solicitado en numerosas ocasiones acceder al expediente completo, aunque les consta que en el mismo hay algún reparo del interventor, «porque así se hace constar en la única resolución a la que hemos tenido acceso hasta ahora». «Hemos tenido que llegar al Juzgado para poder ver el expediente, que podremos consultar próximamente gracias a la instrucción judicial», critica Suárez, que destaca que la denuncia no pretende perjudicar económicamente a ninguna de las otras parroquias rurales del concejo, «es un tema con el Ayuntamiento». La alcaldesa ha sido citada a declarar por el Juzgado el próximo 7 de noviembre.