Un agente inspecciona una oveja muerta / Foto Agumpa
Redacción/Grado
El nuevo decreto de pago de daños de fauna salvaje, muy esperado y que está en información pública, ya ha levantado las primeras críticas en el sector. La organización Asturias Ganadera considera que la regulación propuesta por la consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente supone en la práctica «una patente de corso para no pagar» las indemnizaciones, ya que establece reducciones de los pagos cuando haya una mala gestión de la ganadería o la explotación agrícola. Asturias Ganadera denuncia que esta regulación deja en manos de la Administración la determinación de «quién es mal o buen ganadero». También creen que el rango de la norma (un reglamento), puede dejar en nada el compromiso de abonar los daños en tres meses desde que se reclama el pago, por lo que siguen insistiendo en la necesidad de modificar la ley de Caza.
Asturias Ganadera califica el reglamento de»insultante», y cree que «está diseñado más bien para blindar la arbitrariedad de la Administración en la forma de indemnizar a las víctimas de los daños que cause la fauna».
«La Administración tendría una especie de patente de corso a través de la cuál va a decirnos a los campesinos si hacemos las cosas bien o mal, y podría llegar a eliminar nuestros derechos al cobro de los daños si deciden que somos malos agricultores o ganaderos. Literalmente, el engendro reglamentario dice: “El inadecuado manejo del ganado, la falta o deficiencia en las medidas de protección y prevención o el incumplimiento de las Condiciones Técnicas Mínimas de Explotación** darán lugar a la minoración de la indemnización -hasta poder llegar a extinguir ese derecho-”, señala Asturias Ganadera, que cree que «hay que frenar» el decreto, que califica de «chapuza».
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