Redacción/Grado
Asturias creará una Comisión de Valoración de Daños de fauna salvaje, un organismo de participación que vigilará la aplicación del reglamento, y en la que tendrán presencia los ganaderos y agricultores a través de los sindicatos agrarios. Así lo anunció hoy en la Junta General del Principado el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, que aseguró que el nuevo órgano será presentado a las centrales sindicales el 27 de febrero. Además, se está elaborando un manual para la inspección de daños del lobo, con el fin de «protocolizar» e intentar hacer lo más objetivo posible la constatación de los ataques al ganado. Estas dos medidas (la comisión de valoración de daños, y el manual de inspección) completarán las iniciativas de tipo normativo que está impulsando la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente, para intentar ordenar un conflicto que ha generado enormes tensiones entre los ganaderos y la Administración. En la actualidad, está finalizando el periodo de alegaciones del nuevo reglamento de daños. Debe pasar ahora por el Consejo Consultivo, y tras resolverse las alegaciones será aprobado por el Consejo de Gobierno. Tras su aprobación, se publicará el nuevo baremo, que establecerá precios de mercado y pagará el lucro cesante, y también se publicarán las Condiciones Mínimas de Explotación que serán exigibles para cobrar en su integridad las indemnizaciones.
Lastra hizo este anuncio en la Junta General, en respuesta a una interpelación de la diputada de Foro Asturias Carmen Fernández, que recriminó a la consejería que impulsen este nuevo decreto cuando el Parlamento regional había comenzado a reformar la ley de Caza, un extremo que Lastra negó. «Ustedes impulsan esa reforma, están en su derecho, pero no es la Junta la que está reformando esa ley. Creo que su propuesta de reforma legal no sólo está mal hecha, es además ilegal«, replicó el consejero.
Para Carmen Fernández, el nuevo reglamento de daños es «una ruleta rusa», ya que no está claro cuáles serán las condiciones mínimas que tendrán que cumplir las explotaciones. Lastra defendió que es necesario establecer unos criterios para evitar situaciones «anómalas» como las detectadas en un estudio sobre los daños encargado por el Principado, que encontró que de las 3.966 explotaciones que denunciaron daños, 20 de ellas (el 0,5 por ciento) recibieron un 18,5 por ciento del dinero pagado por el Principado en indemnizaciones, y una de ellas, un 2,7 por ciento.
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