La Junta General del Principado aprobó ayer por unanimidad la nueva ley de Calidad Alimentaria y Calidad Diferenciada, una normativa que contribuirá “al desarrollo y consolidación del sector agroalimentario en Asturias, dotándolo de un marco legal que aúna toda la normativa regional, nacional y europea, que responde a las demandas de profesionales, empresas y consumidores, y que regula toda la cadena”, según valoró la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez.
El sector agroalimentario ocupa el segundo lugar en la producción industrial del Principado y está integrado por más de 700 empresas que, en conjunto, aportan cada año 2.000 millones a la economía regional, un 20% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico. “Presenta una tendencia clara de crecimiento y su consolidación es clave para la evolución económica de Asturias y, particularmente, para el medio rural, que no puede desarrollarse sin un marco legal claro y actualizado, que aporte confianza y seguridad a los actores de la cadena agroalimentaria”, ha afirmado la consejera.
Álvarez ha destacado que la nueva ley “apuesta por la calidad de los productos alimentarios y, particularmente, por la calidad diferenciada”. “Además de regular los procesos productivos, tiene en cuenta las nuevas demandas sociales relacionadas con la agroalimentación, a la vez que adapta a la singularidad del territorio asturiano el marco normativo tanto comunitario como nacional”, ha subrayado.
La ley persigue, entre otros objetivos, fortalecer las producciones asturianas para que puedan ser identificadas y reconocidas por los consumidores tanto a nivel global como local, consolida los sellos y marcas de garantía, define la artesanía alimentaria, asegura el control y da seguridad a los operadores.
La consejera ha explicado, además, que la normativa regula la venta directa en Asturias, consolida la presencia de las figuras de calidad diferenciada, intensifica el apoyo a la producción ecológica, avanza en la gestión de las marcas de garantía, tanto públicas como privadas, e incorpora novedosos instrumentos de protección a la producción local como es la artesanía alimentaria, incluyendo la artesanía de montaña.
“La ley impulsa la producción local, apuesta por la calidad de los productos alimentarios, contribuyendo a fomentar prácticas equitativas en su comercio, y también por los productos con calidad diferenciada, regulando su titularidad, uso y gestión”, ha valorado la titular de Desarrollo Rural.
El documento aprobado ayer ayuda a canalizar la iniciativa de los productores, regula los canales cortos de comercialización y consagra el principio de responsabilidad individual de los operadores. Además, el texto ha generado un amplio acuerdo, tanto entre los agentes implicados en el sector como entre los grupos parlamentarios, que la han apoyado por unanimidad.
“Entre todos hemos realizado un trabajo que sentará las bases para el fortalecimiento del sector, favorecerá su crecimiento ordenado, y aumentará la confianza entre los distintos operadores de la cadena alimentaria sobre la base de la transparencia, la trazabilidad y la incorporación”, ha agregado la consejera.
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