La consejera Ana Cárcaba anuncia que los incentivos para fijar población afectarán a unos 2.500 núcleos rurales «susceptibles de especial protección»

Redacción/Grado

Las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno regional para la zona rural asturiana se aplicarán en pueblos con diez vecinos o con un máximo de 50 residentes pero que hayan sufrido una reducción de población igual o superior al 20 por ciento entre los años 2000 o 2019. Estos son los dos criterios anunciados ayer en la Junta General del Principado por la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, que señaló que en total se han identificado en toda Asturias unos 2.500 núcleos rurales que cumplen uno de los dos criterios y se consideran «susceptibles de especial protección«. La consejera hizo este anuncio «con cautela», ya que la resolución en la que se fijan ambos criterios, que se publicará «en unos días», debe pasar aún un trámite de participación en el que puede sufrir alguna variación. Cárcaba hizo este anuncio en respuesta a una pregunta del diputado de Foro Adrián Pumares, que pidió conocer los criterios de aplicación de los anunciados incentivos fiscales, incluidos en el presupuesto regional y que considera «insuficientes, pero un primer paso» para frenar la sangría demográfica del área rural asturiana. Las medidas fiscales, que tendrán vigencia desde el 1 de enero pasado, prevén deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción, por establecerse como autónomo o trabajador por cuenta propia y por gastos de abonos de transporte.

La consejera de Hacienda destacó que para establecer los criterios en los que se aplicarán estos incentivos fiscales, se tuvo en cuenta diversos factores, como «población total, evolución, densidad de población, nivel de renta, estructura económica del territorio o tipología del suelo», para definir «a las zonas rurales susceptibles de especial protección». Y señaló que las medidas fiscales no son la única herramienta del Gobierno para luchar contra la despoblación rural, sino que forman parte de «una política transversal». «Es la primera vez que incluimos este tipo de medidas, y entendemos que van a ser efectivas, pero no podemos medir su efectividad hasta que estén en marcha. Forman parte, en todo caso, de una política más amplia», precisó.