El Ayuntamiento considera que la construcción de dos nuevos transformadores y de dos módulos de 22Kv es autorizable, y remite la propuesta al Principado

Ciudadanos acusa al equipo de gobierno local de «sumisión» ante «los intereses de las grandes empresas eléctricas»

Redacción/Grado

El Ayuntamiento de Grado tramita una nueva ampliación de la polémica subestación eléctrica de Santa María de Grado. En concreto, la empresa ha solicitado licencia para construir dos nuevos transformadores y dos módulos de 22Kv para ña interconexión de las líneas eléctricas de distribución. Los informes técnicos municipales consideran que se trata de una ampliación amparada por el estudio de implantación de la subestación, pero que requiere licencia de obras, porque no estaba contemplada en el proyecto técnico. El Ayuntamiento ha iniciado la tramitacón, remitiendo el expediente a la consejería de Industria e iniciando el procedimiento de actividad molesta.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, José Ramón González, considera que la decisión municipal muestra que «mediante una sumisión que parece pactada de antemano, IU está facilitando desde el Ayuntamiento de Grado todos los trámites que favorecen los intereses de las grandes empresas eléctricas. No dudan en retorcer la realidad, cuando no mentir, con tal de allanar el camino a los intereses de los que dicen combatir de palabra y engordar con los hechos. En anterior mandato permitían en solitario la construcción en Santa María de Grado de una nueva subestación, que venía a sumarse a la que años antes ya habían acordado. Decían en abril de 2017 que no había previsión de más crecimiento; hecho desmentido actualmente cuando Hidrocantábrico solicita, precisamente, realizar obras en tres parcelas. Hablaban en aquellas fechas de que se iban a liberar 200.000 metros cuadrados de tendidos eléctricos. Claro que como aún no se les cobra la tasa que en su día propuse y que después fue aprobada en el Pleno, no tienen ninguna prisa ni nadie que se la meta, en hacerlo». González asegura que  el Ayuntamiento  «con grave perjuicio para los vecinos y propietarios de los pueblos del entorno, autoriza en esos terrenos, que tenían alto valor paisajístico y residencial, todo tipo de actividades molestas e insalubres que otros municipios rechazan. El dinero obtenido no revierte al lugar donde se genera, lo invierten en otras zonas del municipio donde pueden rentabilizarlo mejor a cambio de votos, sin tener en cuenta la salud, el bienestar y el futuro, de los verdaderos perjudicados».