Las ‘untatori’ del 8-M

Lucía S. NAVEROS

En 1629 la peste asoló Milán, entonces bajo dominio español y sufriendo la penuria de la guerra de los Treinta Años. Mientras los muertos se acumulaban corrió por la ciudad la idea de que algunos malvados, los ‘untatori’, se dedicaban a diseminar la enfermedad, “apestando” con misteriosos ‘untos’ cerraduras y puertas. En 1630 el comisario de Sanidad, Guglielmo Piazza, tuvo la mala fortuna de secarse los dedos manchados de tinta en una pared: inmediatamente fue denunciado como ‘untatori’, junto al barbero Giangiacomo Mora. Las autoridades detuvieron a los dos infelices, los torturaron y cuando confesaron los condenaron a muerte. Después derribaron su casa, y levantaron en el solar la ‘columna de la infamia’ de Milán, para que quedara memoria de su ‘crimen’. La columna fue demolida en el siglo XVIII, pero la pandemia actual nos muestra que la búsqueda de chivos expiatorios sigue vigente, y que las autoridades (algunos partidos políticos, Guardia Civil y hasta jueces) están dispuestas a participar en la cacería. La actual caza de brujas tiene todos los ingredientes: según ella, el Gobierno, a sabiendas de que matará a miles de personas y que colapsará al país, decide permitir el 8-M, de forma que un montón de ‘feminazis’ son las culpables de extender la enfermedad. La evidencia de que ese mismo domingo, 8 de marzo, los casi 200.000 bares de España seguían abiertos, con los parroquianos acodados en las barras tosiéndose unos a otros; que la Liga, con sus cientos de miles de espectadores, se celebró con toda normalidad; que el Metro de Madrid estaba, como siempre, petado, y que la OMS no declaró la pandemia hasta tres días más tarde es irrelevante; tampoco importa que la enfermedad se cebara con los ancianos, que no suelen ir al 8-M, y no afectara especialmente a las mujeres, que sí van. Media España ya tiene su ‘untatori’, en la persona del delegado del Gobierno en Madrid, por no prohibir la única reunión que les molesta. Hoy mismo la jueza ha archivado la denuncia, pero el mal, en forma de criminalización de todo un movimiento, queda hecho.