Redacción/Grado
El Pleno de Grado rechazó esta semana seis peticiones vecinales diferentes para hacer modificaciones puntuales en el Plan General de Ordenación Urbana, en su mayoría para cambiar la calificación de fincas de rústicas a urbanas. En una sesión cerrada al público por la pandemia, el equipo de gobierno, de IU, volvió a aplicar el criterio de «no hacer modificaciones puntuales a no ser que repercutan en el interés general del concejo», una postura que contó con el respaldo del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP, cuya portavoz, Patricia Álvarez, defendió la necesidad de modificar el Plan Urbanístico “de Sierra”, en alusión al exalcalde de IU, José Sierra, al que acusó de hacer un planeamiento urbanístico «sectario». El PP reclamó que «se facilite que los particulares puedan sacar provecho a sus parcelas, se fomente la implantación de empresas y se actualice un Plan que ha quedado desfasado con unidades de actuación que a día de hoy son inviables».
En una sesión en la que tomó posesión de su acta de concejala Elena Pérez, que prometió el cargo, en sustitución de Plácido Rodríguez, el debate más encendido se produjo en torno a la ‘ocupación’ de viviendas, a raíz de una moción planteada por el PP para que el Ayuntamiento moscón se sumase a la campaña nacional que impulsan los populares para que se apruebe una ley de desahucio «express» en 12 horas «en defensa de la propiedad privada». La moción contó con el apoyo de Ciudadanos, cuyo portavoz, José Ramón González, acusó a IU de «demagogia» por enmarcar el debate «en una supuesta lucha de pobres contra ricos». «No quieren afrontar la realidad del problema, e IU como siempre deja caer ideas de enfrentamiento y división social en una postura demagógica», criticó González. La concejala del PP Patricia Álvarez considera que la propuesta de ley orgánica de su partido «refuerza el derecho del legítimo propietario, introduce medidas para que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses, y que se considere nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal. También se plantea agilizar el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal». Álvarez argumentó que hay que defender a los propietarios, y acusó a IU y PSOE de apoyar «tácitamente» la ocupación y de votar contra su moción para no perder votos «porque son sabedores del perfil de parte de su electorado».
Desde IU se rechazó apoyar una modificación legal que a su juicio daría herramientas a fondos buitre y entidades bancarias para hacer desalojos ‘express’, mientras que el portavoz socialista, Ricardo Solar, destaco que la legislación española, ya desde la propia Constitución, garantiza la propiedad privada. «Debe ser que la Constitución les parece poco», ironizó. «El fondo del problema de la ocupación es la necesidad de viviendas. Si el PP tuviera en cuenta los principios rectores de la política social y económica, también recogidos en la Constitución a la que tanto aluden, se darían cuenta de que uno de ellos es el derecho a una vivienda digna (si bien no a la propiedad si al disfrute de la misma). Lo que el PP nunca recuerda es que España es un estado social y democrático de derecho. Estamos de acuerdo en que hay que acabar con la ocupación, pero siendo capaces de ofrecer una solución a quien necesita una vivienda. Lo que le preocupa al PP es la inversión de fondos buitre como el que dirige el hijo del expresidente Aznar, que de forma análoga a las mafias que ocupan viviendas y luego las alquilan o “venden”, especulan con las viviendas con pocos escrúpulos, pero con trajes abogados más caros».
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En la noticia del Pleno de Grado, se están incluyendo declaraciones del Portavoz del Psoe Ricardo Solar que no estuvo en el Pleno, declaraciones que no se hicieron en el Pleno tal como se podrá comprobar en la grabación de la sesión. Por favor, a ver si nos ceñimos a la realidad, que es lo que se manifestó en el Pleno por los concejales que asistieron e intervinieron, no por los que no asistieron como Ricardo que entró a última hora y se sentó en la zona del público, cuyas declaraciones son una opinión posterior que ha hecho a este periódico, pero que no se corresponden con las declaraciones de Cristina Riesgo (Psoe) que fue quien intervino en el tema de la moción contra la ocupación ilegal. El Psoe no puede hacer esa trampa y tratar de acomodar ahora el discurso como mejor le convenga a toro pasado sin haberlo dicho en el Pleno, y mucho menos, tratar de manipular a la Voz del Trubia.
La ocupación no tiene justificación legal válida. Si ocupar una vivienda es válido, ocupar la biblioteca o el ayntamiento o cualquier otro edificio público también lo sería. En este caso, su nombre ya indica que es público.
La pobreza no puede justificar la acupación. La pobreza se debe de resolver sin allanar los derechos del prójimo.