Publicado el: 02 Feb 2021

Dos años de cárcel para el vecino de Candamo juzgado por pornografía infantil

El acusado, al que se le imputaba un delito de tenencia y distribución de material pornográfico con menores, aceptó los hechos, lo que redujo la condena que pedía la Fiscalía

Juzgados de Avilés

Redacción/Grado

El vecino de Candamo acusado de poseer y distribuir pornografía infantil, J. M. I., aceptó los hechos, y ha sido condenado a dos años de prisión, una pena que implica que no entrará en prisión si no tiene antecedentes penales y no delinque nuevamente durante su cumplimiento. La defensa del acusado alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por lo que finalmente no se celebró la vista oral, que estaba prevista para hoy por la mañana en los Juzgados de Avilés.

En el marco de una operación llevada a cabo por la Brigada de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Policía Nacional contra la pornografía infantil, se detectó la difusión en un grupo de WhatsApp la imagen de un menor participando en un acto sexual con adultos. Entre los miembros que componían ese grupo de WhatsApp de temática pedófila, se encontraba un usuario que distribuyó y compartió archivos de pornografía infantil desde un número de teléfono móvil cuyo titular y usuario es el acusado, vecino del concejo de Candamo.

Previa autorización judicial se procedió a la entrada y registro en el domicilio del acusado y en el mismo se encontraron dos tarjetas y un teléfono móvil, en los que se hallaron gran cantidad de archivos de pornografía infantil. El acusado había creado una cuenta desde la cual solicitaba la remisión y enviaba de forma intencionada y voluntaria archivos de contenido pedófilo, interesándose por contactar, conocer y compartir contenidos y experiencias pederastas con otros. Entre otros, el día 22 de octubre de 2019, el acusado envió un vídeo de 4 minutos y 35 segundos en el que se veía la violación de un bebé por parte de un adulto.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de posesión de pornografía infantil y de un delito de distribución de material de pornografía infantil, por lo que le pedían cuatro años de prisión. Tras el reconocimiento de los hechos aceptó una condena de 2 años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el desempeño de cargo, empleo, oficio o profesión relacionados con menores de edad o en centros de menores durante 5 años y abono de las costas procesales, así como la incautación y destrucción del material informático intervenido.

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