Somiedo, Belmonte, Quirós, Grado y Salas son los concejos en los que la institución religiosa se apropió de un mayor número de bienes y que ahora podrán ser reclamados al hacerse público el listado
Redacción / Grado
La comarca concentra el 65% de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015 amparándose en una reforma de la ley hipotecaria realizada en tiempos del presidente Aznar. Son 359 bienes, de los 549 del total de Asturias, dispersos por los concejos de Santo Adriano, Proaza, Las Regueras, Quirós, Belmonte, Grado, Salas, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza. Iglesias, cementerios, ermitas, capillas, terrenos, casas rectorales, huertas… son los principales bienes inmatriculados. Llama la atención, por ejemplo que en Salas la mayoría de dichas propiedades son fincas. El municipio de la comarca en donde la iglesia se hizo con más propiedades en estos años fue Somiedo, con 73 bienes registrados. Le siguen Belmonte, con 59, Salas con 55, Quirós con 53, Grado con 47, Teverga con 35, Proaza con 20, Santo Adriano con 9 y Yernes con 6. En Trubia se inmatriculó el cementerio parroquial y en Las Regueras «el huerto del cura»
El Consejo de Ministros remitió ayer al Congreso el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015. La jerarquía católica obtuvo por cantidades simbólicas y muy poco dinero, diversas propiedades, algunas de ellas muy emblemáticas del patrimonio histórico artístico.
A partir de ahora el listado es público y podrá comenzar así el proceso de reclamación por parte de particulares que consideren que tienen derechos previos de propiedad. En toda España son 34.961 bienes de los que 20.014 son «templos de la iglesia católica o dependencias complementarias», mientras que 14.947 inmatriculaciones «no se relacionan con estos usos», como «solares, viviendas, locales, etc.», según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, añade al artículo 206 de la Ley Hipotecaria un párrafo: «Mediante certificación administrativa, librada en los términos indicados en el párrafo anterior y con los demás requisitos en cada caso establecidos, podrán inscribirse la declaración de obra nueva, mejoras y división horizontal de fincas urbanas, y, siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás entes públicos estatales certificantes». Este texto se mantuvo en vigor hasta la aprobación de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma Hipotecaria que puso fin a la posibilidad de que la Iglesia Católica inmatriculara bienes con este tipo de certificaciones.
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