Redacción/Grau
El Pleno del Ayuntamiento de Somiedo ha aprobado una declaración institucional de rechazo al cierre de la oficina de Unicaja/Liberbank (antes, Cajastur) en Pola, la última que quedaba en el concejo. La moción pide la mediación del Gobierno central y del Principado para evitar que se consume el cierre (que se hizo efectivo el pasado día 18) y reclama entre otros aspectos información sobre cómo se gestiona el patrimonio de Cajastur, que pasó a manos de la Fundación Caja de Ahorros de Asturias y que «era de todos los asturianos». Por último, el escrito aprobado hoy anuncia que el Ayuntamiento se plantea romper las relaciones comerciales con el banco y retirar todo el dinero, cerrando las cuentas.
Esta es la medida que pidió ayer en la Junta General del Principado el diputado de Podemos Daniel Ripa, que reclamó al Gobierno asturiano que reaccione ante el anuncio de cierres de oficinas en la zona rural, después de que se hiciera público el plan de cerrar 24 en Asturias. En la comarca este plan afecta a Somiedo, donde ya ha dejado de operar, y a Belmonte, cuyo cierre se anuncia para junio. Ripa reclamó al Gobierno asturiano que retire el dinero que tiene en la entidad, que estima en más de 400 millones de euros. La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, contestó que el Principado no comparte la decisión de Unicaja, pero insistió en que no puede impedir que entidades privadas tomen sus propias decisiones. Cárcaba destacó que se están haciendo esfuerzos desde la Administración para compensar el cierre de oficinas, que afectan sobre todo a los más mayores, como la creación de redes de cajeros automáticos impulsados por Correos.
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