Tres ayuntamientos de la comarca (Santo Adriano, Teverga y Yernes y Tameza), no aprobaron sus cuentas durante el ejercicio, y el resto sí lo hizo, pero con retraso, según el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas
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Redacción/Grau
Sólo ocho ayuntamientos asturianos aprobaron en plazo sus presupuestos en 2020, según el informe de fiscalización del sector público local elaborado por la Sindicatura de Cuentas. Entre ellos está Grado, único de la comarca que cumplió el requisito de tener en vigor su presupuesto el 1 de enero. En el otro extremo están Teverga, Santo Adriano y Yernes y Tameza, que no contaron con presupuesto en el ejercicio analizado, una situación que en Asturias se dio en solo seis concejos. El resto de los municipios sí tuvieron presupuesto en vigor aprobado, pero con retraso. «A la vista de esta situación, la Sindicatura de Cuentas analizará las causas de la no presentación o la no aprobación del presupuesto de las entidades locales en el informe del sector público local del ejercicio 2021», anuncia el organismo, que en su programa de fiscalización auditó la tramitación presupuestaria, la aprobación de la cuenta general, la publicación de convenios y otros aspectos de la gestión económica del sector público local de Asturias, entre los que están los 78 ayuntamientos, 39 parroquias rurales y las mancomunidades.
La Sindicatura de Cuentas comunicó un total de 356 incidencias a 36 de las 104 entidades locales fiscalizadas. El 92,94 por ciento de las incidencias detectadas en los ayuntamientos se producen en aquellos con menos de 50.000 habitantes. De las 173 entidades que tenían la obligación de remitir información en materia de contratación (ayuntamientos, mancomunidades, parroquias rurales y sus organismos autónomos, consorcios, entidades mercantiles y fundaciones), lo hicieron 125. Tramitaron 596 contratos, excluidos los menores, valorados en 78,8 millones de euros, de los que el 47,55 por ciento era de servicios. Respecto a la contratación menor, las entidades comunicaron 11.795 contratos por 21,4 millones de euros, informa el organismo fiscalizador.
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