Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León han presentado una propuesta al Ministerio para dar «garantías jurídicas» a la muerte selectiva de ejemplares, pese a la inclusión de la especie en el LESPRE

Redacción / Grau

Los gobiernos de Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León trabajan de manera coordinada para reanudar los controles de población de lobo con «seguridad jurídica» tras la inclusión de la especie en el LESPRE. Las cuatro comunidades autónomas «exploran todas las opciones que permitan aplicar en todos sus términos sus planes de gestión del lobo ibérico, incluida la realización de extracciones con plenas garantías jurídicas» señala el Principado.

La dirección general del Medio Natural del Gobierno del Principado ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe-propuesta que desarrolla la disposición adicional primera de la orden ministerial que incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), con el objetivo de realizar controles en el marco del II Plan de Gestión del Lobo de Asturias.

Además, el Principado ha enviado la primera propuesta para realizar un control poblacional de lobos en el Parque Nacional de los Picos de Europa. «Se trata de un territorio de alta montaña donde se practica la ganadería extensiva y se han implementado medidas preventivas, como los cercados electrificados y el pastoreo con perros. No obstante, siguen registrándose daños a la cabaña ganadera por los ataques de lobos,» argumenta el Gobierno regional.

Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León concentran la mayor parte de la población de lobos de España.