La coalición, tras un encuentro al que asistieron los alcaldes de Quirós y Teverga, cuestiona la normativa impulsada por el Gobierno regional, al que acusa de reducir la protección ambiental y cargar de responsabilidades a los concejos sin dotarles de más medios

Redacción/Grau
Los ayuntamientos gobernados por IU, entre ellos tres de la comarca (Grado Teverga y Quirós) plantarán batalla en la Federación Asturiana de Concejos a la ley de la Calidad Ambiental que impulsa al Gobierno regional. En una rueda de prensa ofrecida por el diputado y coordinador regional Ovidio Zapico, y por la portavoz parlamentaria, Ángela Vallina, que contó con la presencia de la alcaldesa de Teverga, María Amor Álvarez Ardura, y del de Quirós, Rodrigo Suárez, IU denunció que la nueva legislación carga a los ayuntamientos con más responsabilidad pero no les da más medios. Esta no es la única crítica que hace a la futura normativa, ya que considera que está diseñada «al servicio de los lobbies», reduciendo los controles sobre las actividades industriales que pueden afectar al medio ambiente. El diputado Ovidio Zapico incidió hoy en que el argumento de que la ley servirá para reducir la carga burocrática no justifica la nueva nueva normativa, que implanta una autorización ambiental simplificada para actividades de mediano riesgo, y una declaración responsable para las que no se incluyen entre las empresas calificadas de molestas, nocivas o peligrosas. Zapico defendió que es en otros ámbitos, y no en el control de la contaminación y el medio ambiente, donde hay que reducir burocracia. «El Gobierno renuncia a luchar contra la burocracia en asuntos sociales y hay entidades que este mes no podrán pagar sueldo ni extraordinaria por el atasco en Derechos Sociales», criticó Zapico.
Zapico ha recordado que IU es la segunda fuerza política en el ámbito municipal, con 9 alcaldías. De ellas, ha enfatizado, todas rechazan la nueva norma que impulsa el Gobierno. «Nos preocupa en IU estas implicaciones, porque, más allá de todo el desplome de control que hay en esta Ley que ya hemos denunciado más veces, implica también para los ayuntamientos asumir más responsabilidades a cambio de nada. Estamos de nuevo ante un contenedor, el del Ayuntamiento que recibe una competencia más y que, a cambio, ni tiene más personal, ni tiene más recursos para poder un servicio que, por otra parte, y en el caso de esta Ley, no quiere dar».
Para Zapico es imprescindible que la FACC se pronuncie sobre la ley, algo que hasta ahora no ha sucedido ya que, ha lamentado, «en el Parlamento no sabemos lo que opina la Federación Asturiana de Concejos, porque el día que tenía que comparecer la Presidenta ante la Comisión, excusó su presencia».
La Alcaldesa de Riosa y vicepresidenta de la FACC, Ana Díaz, ha reprochado que, una vez más, se cargue a los Ayuntamientos con unas competencias, unas obligaciones, que pueden tener graves consecuencias para las administraciones locales. «Entendemos que, desde la FACC, es donde debemos debatir y donde debemos insistir que los Ayuntamientos no tenemos esas capacidades».
La regidora ha explicado que se le ha enviado, por segunda vez, una carta a la máxima responsable de la FACC para que hubiera un pronunciamiento explícito sobre la Ley de Calidad Ambiental. La respuesta es una próxima reunión –la fecha aún no se ha dado a conocer– para debatir las implicaciones del cambio normativo. «Los Ayuntamientos no podemos seguir teniendo estas competencias y esta Ley nos pone otra vez en problemas».
Ovidio Zapico se ha mostrado convencido en que, frente a las afirmaciones del Gobierno de que los alcaldes asturianos son favorables a la ley, tal consenso no existe y no solo entre los regidores de IU Asturias. En este sentido ha señalado que además de los Ayuntamientos en manos del PSOE existen otros, de otras fuerzas que, probablemente rechacen el cambio legislativo.
Para el alcalde de Morcín, Maximino García, ha criticado que, hasta ahora, la FACC no haya abordado la normativa que, a su juicio, debería haberse debatido en el seno de la Federación, tanto por las implicaciones de cara a la responsabilidad municipal, como por el grado de arbitrariedad que se abre en la tramitación con las declaraciones responsables, que pueden llevar a distintos grados de permisividad.
Ovidio Zapico rechazó la falsa dicotomía esgrimida por el Gobierno de Asturias para justificar la Ley de Calidad bajo una supuesta agilización de los procesos administrativos: «guerra a la burocracia, sí, pero a la burocracia social, que seguimos recibiendo día tras días quejas en torno a la Consejería de Bienestar Social, con una problemática que afecta a las personas más vulnerables y en servicios esenciales. Y ahí, yo creo que el Gobierno renuncia a hacer esa guerra a la burocracia. Hace la guerra a la burocracia que le mandan los intereses empresariales, aglutinados en torno a la Cámara de Comercio de Oviedo».
Y mientras esa laxitud con los problemas sociales sigue, ha señalado Zapico, «seguimos recibiendo quejas, todavía ayer con muchísimas de esas empresas que trabajan para el ERA, que están en una situación muy difícil, porque hace muchos meses que tienen cortado cualquier tipo de ayuda económica, no llega el dinero.». Como consecuencia de esta situación, según el diputado, algunas de estas compañías ya han anunciado que no van a pagar a sus trabajadores en julio ni el sueldo ni la paga extraordinaria: «eso sí que es grave y, ahí, yo creo que el Principado tendría que agilizar esa guerra contra la burocracia y hacer una administración social al servicio de las personas».
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