La LOITA sustituye los Planes Generales de Ordenación por Estrategias Municipales (EMO) y Planes Detallados, para dar agilidad a la gesitón, y reduce a tres las clasificaciones del suelo: urbano, rural y núcleo rural

Redacción/ Grau

Grado será el territorio de pruebas para la aplicación de la futura Ley de Ordenación del Territorio de Asturias (LOITA), tal como ya había adelantado el Principado, que ayer presentó las principales novedades del anteproyecto. El concejo ofrece un espacio de pruebas idóneo para una nueva normativa que fija su objetivo en mejorar la gestión urbanística de las villas y los pueblos, para preservar sus valores históricos sin impedir su modernización y crecimiento. Como concejo piloto, Grado servirá para que testar la efectividad de las nuevas herramientas urbanísticas e introducir cambios si fuera necesario.

La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial presentó ayer el decálogo con las principales novedades incorporadas al anteproyecto, un documento que persigue un cambio estructural en la tarea compartida de la ordenación del territorio entre los municipios y el Principado.

En este contexto, la LOITA dotará de mayor capacidad a la Administración autonómica para ordenar el tejido de ciudades intermedias, villas y aldeas, de modo que se preserve el medio natural. Paralelamente, la norma proporcionará a los municipios instrumentos precisos para la planificación del suelo. Además, potenciará una escala de intervención inferior, a nivel de barrio-edificio, para cualificar las construcciones y el espacio público ya existente y dar prioridad al reciclaje urbano frente al consumo de nuevo territorio.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo; el viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García, y la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sonia Puente Landázuri han participado en la presentación del documento. El texto pretende servir de base para diseñar una ley que favorezca la innovación territorial, la sostenibilidad y la cohesión. Al mismo tiempo, persigue actualizar las herramientas legales y flexibilizar su aplicación.

En este marco, sobre la base de las 8 comarcas funcionales recogidas en las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio desde 1991, se proponen las figuras de las Directrices Parciales de Ordenación Territorial y de los Proyectos Territoriales de Interés Autonómico como herramientas para una gestión del suelo más eficiente.

En el ámbito local, se reconfigura el plan general de ordenación (PGO), un modelo urbanístico ya obsoleto, y se introduce la figura de la estrategia municipal de ordenación (EMO), que permitirá plasmar una visión a largo plazo. El Principado pretende recuperar así los principales valores de la ordenación territorial de los concejos.

Por otro lado, el derecho de la propiedad se traslada a una segunda fase, en los denominados planes de ordenación detallada (POD), que recogerán los derechos y deberes de los propietarios. Este instrumento ofrece un margen de modificación respecto a la EMO, por lo que evitará que se deba recurrir a continuas modificaciones del documento estructural y estratégico. De este modo, el planeamiento municipal será más horizontal, dado que se eludirá la estructura en cascada y el alargamiento de plazos de forma innecesaria, lo que minimizará a su vez el posible impacto de las anulaciones judiciales.

Las ordenanzas edificatorias y el catálogo urbanístico serán también documentos independientes y simplificados, lo que permitirá mayor agilidad. Además, se establecen 3 clasificaciones de suelo: suelo urbano, suelo rural y núcleo rural, por lo que se dota al medio rural de identidad propia, con dos tipos de calificaciones (tradicional y ordinario). Además, se sustituye la nomenclatura de suelo no urbanizable por la de suelo rural.

La LOITA da un salto cualitativo también en cuanto a tramitación, dado que de la información pública actual se pasa a la incorporación obligada de procesos de participación ciudadana en el marco de un diagnóstico previo. Asimismo, incorpora la perspectiva de género de manera estructural y plantea la creación de un observatorio del territorio. También promueve la necesidad de otorgar mayor libertad expresiva a la arquitectura contemporánea, que construye territorio y genera identidad, en consonancia con la nueva Ley 9/2022, de Calidad de la Arquitectura aprobada por el Congreso de los Diputados.

Tras la culminación del proceso de participación profesional y ciudadana de escucha activa y la información pública del anteproyecto, ahora comienza la segunda fase del procedimiento, que consistirá en contrastar el texto con los diferentes agentes del territorio.