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Ocho concejos de la comarca no rindieron cuentas ante la Sindicatura

El organismo de control pide la retirada de ayudas a los municipios que incumplan la obligación de presentar su contabilidad, tras registrar el peor dato de los últimos años

El síndico mayor, Roberto Fernández Llera

Redacción/ Grau

Ocho concejos de la comarca no presentaron sus cuentas a la Sindicatura de Cuentas, el organismo oficial encargado de fiscalizar la gestión económica de las entidades públicas asturianas. El plazo finalizó el pasado 15 de octubre, y sólo 51 de los 78 concejos asturianos presentaron la documentación, el peor dato de los últimos cinco años. Los municipios de la comarca que incumplieron esta obligación son Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza. Tampoco rindió cuentas la Mancomunidad de los Valles del Oso, que está en disolución. Respecto a las parroquias rurales, todas las de la comarca presentaron su documentación dentro de plazo.

La Sindicatura de Cuentas, a la vista de este descenso en el nivel de la rendición, insiste en su recomendación al Gobierno del Principado de Asturias para que la concesión de subvenciones a las entidades locales, así como la percepción de las transferencias del Fondo de Cooperación Municipal, queden condicionadas al cumplimiento del deber de rendición de las cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas. Las comunidades autónomas que ya aplican este tipo de medidas registran una mejora significativa de los niveles de rendición de cuentas anuales a su respectivo órgano de control externo.
La rendición de cuentas es una obligación legal que tienen todas las entidades y que, además, debe ser completada con el cumplimiento del deber de colaboración con la Sindicatura de Cuentas ante cualquier petición de documentación. Sin perjuicio de informes específicos u otras medidas, hay que recordar también que la Sindicatura está facultada por ley para imponer multas coercitivas cuando se incumple el deber de colaboración o cuando se pueda obstruir la función fiscalizadora, señala el organismo.

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