El fallo, que aún puede ser recurrido ante el Supremo, da el espaldarazo definitivo a la estrategia del abogado Antonio Cifuentes, que ha evitado a las arcas municipales casi tres millones de euros

«Dejamos atrás una gestión nefasta, tanto política como administrativa, que puso en riesgo la propia supervivencia del concejo», valora el alcalde, Adrián Gayo

L. S. N./ Oviedo

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado la apelación de las propietarias del palacio de Valdecarzana, en Teverga, y ha tumbado la polémica expropiación, una sombra que lleva al menos siete años planeando sobre las arcas municipales, y que con los intereses podría llegar ya a rozar los tres millones de euros. El caso, muy complejo jurídicamente, tendría aún un recorrido judicial si las herederas propietarias del palacio deciden presentar recurso de casación en el Tribunal Supremo, para lo que tienen de plazo hasta mediados de enero. Lo tendrían en todo caso muy difícil, ya que hay al menos cuatro pronunciamentos judiciales, y uno administrativo, del Consejo Consultivo de Asturias, que dan la razón al Ayuntamiento de Teverga.

La nueva sentencia resuelve el pleito inicial, el que plantearon las hermanas Arriola en 2017, exigiendo al Ayuntamiento el pago del justiprecio por la expropiación del palacio, y concluye que no cabe pago alguno porque la expropiación en sí, el acuerdo plenario que la amparaba, ha sido anulado. «Habiéndose declarado nulo de pleno derecho el acuerdo de fecha 2 de julio de 2010 en que las apelantes fundaban su demanda (…), la que hubiera podido nacer de aquel acuerdo ha perdido absolutamente su contenido y con ella la obligación contractual de satisfacer las cantidades que reclamaban las apelantes», señala el TSJA, que impone además el pago de 400 euros en concepto de costas, una decisión que suele adoptarse cuando el tribunal considera que en el recurso ha habido cierta temeridad.

Para el abogado Antonio Cifuentes, de Botas Abogados, la sentencia supone un respaldo a una estrategia jurídica que tuvo que diseñar sobre la marcha, pues cuando en 2017 llegó a sus manos el pleito, siendo alcaldesa María Amor Álvarez Ardura (IU) y por la intervención del entonces concejal del PP Antonio Capín (PP), «teníamos enfrente una reclamación que podía llevar a la quiebra al Ayuntamiento y sólo cinco días para reaccionar. Decidimos no dar nada por perdido, y hoy, siete años más tarde, podemos dar la enhorabuena a todos los teverganos, que siguen teniendo un Ayuntamiento plenamente operativo. Durante este proceso he conocido y aprecio a muchos teverganos y siento por eso una satisfacción especial».

El alcalde, Adrián Gayo, el fallo judicial supone «dejar atrás una mala gestión de gobiernos anteriores, que sacó a relucir también una mala gestión administrativa que puso en riesgo la propia supervivencia del Ayuntamiento, que tendría que haber sido intervenido al entrar en quiebra técnica por el elevado endeudamiento. Hay que agradecer a todas las personas que han trabajado, muchas veces de forma invisible, por defender los intereses de Teverga para que el Ayuntamiento pudiera salir adelante. Perdimos un millón de euros de fondos mineros que podrían haberse destinado a reindustrializar el concejo, y eso es de lamentar, pero no ha supuesto la ruina».

La otra vía abierta por el Ayuntamiento, la penal, contra los alcaldes socialistas que impulsaron la operación, fue rechazada por los tribunales. Para entender el caso hay que remontarse más de una década atrás, al año 2010, cuando los fondos mineros llegaban con regularidad a los concejos que habían tenido explotaciones mineras. En aquel momento el Ayuntamiento, con gobierno del PSOE pero todos los votos favorables también de la oposición, aprobó la adquisición del palacio y su entorno, para el que se había acordado un precio de un millón de euros. Finalmente, la subvención de fondos mineros fue rechazada y en 2017 los propietarios del palacio exigieron judicialmente el pago, un pleito que ha sido un largo túnel para el Consistorio, del que ahora por fin se ve el final.