El Pleno del Consejo Regulador anuncia que recurrirá la decisión de la consejería de Medio Rural, que inició los trámites ante la ausencia de candidaturas

Redacción/ Grau

Un grupo de ganaderos encabezado por el salense Fernando Martínez Barbón ha anunciado su intención de presentar una candidatura a las elecciones de la IGP Ternera Asturiana, que se celebrarán en septiembre. Los ganaderos quieren así evitar la constitución de una comisión gestora, un trámite ya iniciado por la consejería de Medio Rural el pasado 4 de junio, que ha suscitado el rechazo del Consejo Regulador, que ha anunciado ya que recurrirá la decisión. La consejería inició los trámites para crear la gestora tras no presentarse candidaturas al proceso electoral, y los ganaderos reclaman que se amplíe el plazo,

«Este grupo de ganaderos damos un paso al frente al entender que una  marca de referencia, como es Ternera Asturiana, tiene que estar  representada por ganaderos y no por quien nombre la administración, ya  que en ocasiones anteriores han quedado de manifiesto los resultados. Mediante este comunicado queremos hacer un llamamiento a la Consejería de Medio Rural para que no imponga una gestora en  representación de los ganaderos dentro de la IGP, y que se respete lo que  la junta electoral del proceso ha solicitado, que es que se amplíe el plazo de presentación de candidaturas. En el sector somos muchos los que aún queremos seguir viviendo de nuestra actividad de forma autónoma, sin continuas intromisiones de la administración», manifiestan los ganaderos.

Por su parte, el Pleno del Consejo regulador de la IGP ha anunciado que presentará un recurso potestativo de reposición contra la resolución, ya que considera que vulnera la legalidad, En su recurso defenderán la independencia del Consejo Regulador, «como entidad asociativo-corporativa, sujeta al derecho privado y sin relación de dependencia con la administración». Defienden la legitimidad del Pleno del Consejo, que «según los estatutos debe mantenerse en funciones durante el proceso electoral, con competencias para garantizar su normal desarrollo. La resolución impugnada interfiere con esta continuidad y limita injustificadamente sus funciones». El Consejo considera además que la resolución «restringe injustificadamente los derechos electorales de los operadores inscritos, y contradice los acuerdos de la Junta Electoral; vulnera el artículo 11 del reglamento, al prever la designación de una Comisión Gestora sin base legal, y atribuir a la consejería competencias que corresponden exclusivamente a la Junta Electoral, órgano encargado de supervisar el proceso electoral. La medida supone la privación del derecho de sufragio y una lesión del derecho de asociación protegido por el artículo 22 de la Constitución Española. Además, se considera que la Consejería carece de competencia para adoptar dicha decisión», concluyen. Y dejan «constancia expresa» de su voluntad de seguir en funciones mientras se desarrolla el proceso electoral, a la vez que piden a la consejería que abra un proceso de diálogo, tras enviar escritos al consejero, Marcelino Marcos, y al presidente, Adrián Barbón, por ahora sin obtener respuesta.