Redacción/ Trubia
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso planteado por Santa Bárbara Sistemas contra la financiación aprobada por el Gobierno a la UTE integrada por Indra y Escribano, más de 3.000 millones de euros para financiar programas de obuses autopropulsados, SBS, filial de General Dynamics y que gestiona la fábrica de armas de Trubia, ha pedido la suspensión cautelar de los préstamos, y el Tribunal Supremo ha abierto una pieza separada que se resolverá en unos diez días, sobre esta suspensión. Si finalmente acepta la petición, los planes de expansión de Indra en el sector de la Defensa quedarían seriamente comprometidos.
El recurso de Santa Bárbara es, por ahora, el último episodio de la guerra abierta en el sector tras el cambio en el liderazgo de TESS Defence, la unión de empresas que gestiona el programa del 8×8 Dragón, que pasó a manos de Indra tras los retrasos en la entrega de los vehículos. Posteriormente, Indra intentó comprar la fábrica de armas de Trubia, a lo que se negó General Dynamics, y optó por hacerse con el tallerón de Duro Felguera en Gijón, al que ya ha llegado el primer 8×8 Dragón desde Trubia para el ensamblaje final. Paralelamente desarrolló una estrategia de descapitalización de ejecutivos de Santa Bárbara, captando a numerosos altos cargos (hasta quince, según El Economista). Esta guerra industrial desatada por Indra se vio respaldada por el Gobierno, que apoyó económicamente el despliegue de la empresa en la tecnología militar terrestre con la concesión de un gran volumen de financiación a interés 0 para desarrollar distintos programas, entre ellos el de obuses sobre el que ahora decidirá el Supremo. Hay que tener en cuenta que Indra está participada por el Estado y Santa Bárbara Sistemas, aunque tiene un fortísimo componente nacional en desarrollo tecnológico, en personal y en la fuerte raigambre de las factorías que gestiona (Trubia y Alcalá de Guadaira), tiene su matriz en la norteamericana General Dynamics.
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