Hay accidentes que son tragedias y otros que son la consecuencia lógica de un sistema que mira hacia otro lado. Lo ocurrido en la mina de Zarréu, donde cinco mineros perdieron la vida y cuatro resultaron heridos, pertenece a la segunda categoría. Sin embargo, la Comisión de Investigación abierta en la Junta General del Principado parece más ocupada en la estética del proceso que en la ética de la responsabilidad.
Esta comisión no nació de una convicción moral. Nació forzada por el pánico. Ningún grupo político quiso ser el que apretara el botón del “no” para quedar manchado ante la opinión pública. Para salir del paso, se optó por la fórmula de siempre: entregar la presidencia a una diputada “libre” como Covadonga Tomé, que sirve de pararrayos perfecto para los grandes bloques. Lo que importaba era la foto de la constitución, no la idoneidad de los comparecientes.
Ruido para no oír el silencio
El objetivo era depurar responsabilidades: ¿por qué una mina extraía carbón sin licencias? ¿hay algún político o funcionario que tenga responsabilidad directa? Pero en lugar de ir a la yugular de la gestión administrativa y política, la Comisión ha derivado en un desfile que roza lo absurdo. Traer a la plantilla completa de la Brigada de Salvamento o generar polémicas con los Agentes del Medio Natural (GMN1) no es investigar; es fabricar ruido para que no se oiga el silencio de los despachos. Se ha caído en un partidismo sonrojante, buscando el brete del político local mientras las preguntas clave siguen en el cajón.
Los actores del reparto
El nivel de las ponencias retrata la salud de nuestra Cámara:
Las sombras y las ausencias
Pero el colmo del cinismo parlamentario es que, mientras esta Comisión se pierde en formalismos para esclarecer la muerte de cinco mineros, la realidad ha vuelto a golpear con la misma dureza. Recientemente, el luto de Zarréu se ha extendido hasta Cangas del Narcea con la pérdida de otros dos trabajadores: Óscar Díaz Rodríguez y Anilson Soares. Que sus nombres se sumen a esta lista trágica sin que la Junta reaccione con la urgencia que exige el drama, solo confirma que los tiempos de la política y los de la mina circulan por raíles distintos. Mientras en el palacio se miden las palabras, en las galerías se siguen perdiendo vidas.
Y ahora viene la verdadera prueba de fuego: las comparecencias que faltan. Sin embargo, jugamos a ciegas, ya que la lista de quienes deben testificar sigue bajo llave, hurtada al escrutinio público como si la verdad fuera un material sensible. ¿Se atreverá algún grupo a llamar a Chus Mirantes, padre del actual dueño de Blue Solving? ¿Tendrán el valor de sentar allí a Victorino Alonso? Aunque ya no sea el titular, nadie conoce mejor los entresijos de la minería asturiana y leonesa; su testimonio sería el único capaz de desenterrar lo que esconden las cloacas de un sector donde los papeles y la realidad rara vez coinciden. Pese al titubeo inicial, aún estamos a tiempo. Ahora comienzan las comparecencias que de verdad pueden poner nombre y apellidos a las responsabilidades administrativas y políticas que sepultaron a cinco hombres en Zarréu. La Comisión tiene en su mano dejar de ser un decorado para convertirse en una herramienta de Justicia. Los asturianos, y sobre todo las familias de Zarréu, no aceptarán menos que la verdad desnuda.
Ver veremos.
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