L. S. N./Grau
El Ayuntamiento de Grado, gobernado por IU, ha cerrado la compra del edificio del antiguo gastrobar Trastévere, una operación que el alcalde moscón, José Luis Trabanco, presentó hoy como «una solución política a un problema ocasionado por decisiones técnicas». El edificio albergará el Museo del Traxe, dentro de la ordenación de usos culturales que concentra en el entorno del Palacio Fontela los edificios museísticos. El edificio de la antigua Pescadería también forma parte de esta operación, como adelantó este periódico, si bien finalmente se destinará a exposiciones etnográficas. La idea es aprovechar las distintas sedes del Museo Etnográfico para ubicar las colecciones permanentes y temáticas, como las de acordeones o cámaras fotográficas, y dejar el palacio dedicado a la exposición ‘Grau villa ya mercáu’. En la capilla del Palacio se ubicarán exposiciones «temporales», con la mirada puesta en lograr la cesión del tesorillo de Berció.
El Museo del Traxe, con una parte dedicada a exposición y otra a taller, albergará algunas de las piezas que ya tiene el Etnográfico, como un camisón de lino tejido en el concejo en el siglo XIX. El resto de la colección integrará las piezas que se han ido reuniendo, bajo la tutela de Berto Suárez, impulsor y organizador del Día’l Traxe’l País y de ‘Indumentaria’. IU espera que el museo se pueda abrir antes de fin de año, una adecuación que se pagará, esa sí, con fondos municipales.
Al margen de la operación de metamorfosis cultural de la villa, que forma parte del programa electoral con el que IU se presentó a las elecciones, la compra del Trastévere viene a intentar sellar uno de los problemas más graves que ha enfrentado el Consistorio, el cierre por orden judicial del gastrobar, pese a que contaba con todas las licencias.
«Se nos ha acusado de que el Trastévere era un nuevo ‘caso Carreño’, nada que ver con la realidad», comenzó el alcalde moscón, José Luis Trabanco, en la primera comparecencia ante los medios de comunicación para hablar del caso. Trabanco se refirió así a la operación urbanística impulsada por el PP que acabó costándole 700.000 euros a las arcas municipales, que tuvo que pagar su equipo cuando llegó al gobierno local. «Cuando ganamos las elecciones nos encontramos con una deuda de casi siete millones de euros y además con la ‘herencia’ de la indemnización de 700.000 euros del caso Carreño. Fue muy difícil afrontar esa situación, y el caso actual nada tiene que ver, sobre todo porque nosotros vamos a dejar el problema resuelto en este mandato, no quedará para futuros gobiernos locales».
Trabanco enumeró las fechas de los informes técnicos, urbanísticos, jurídicos y del Consejo de Patrimonio que tenía sobre la mesa, todos favorables, cuando aprobó la polémica licencia. «Como alcalde no tenía ninguna otra opción, tenía que aprobar esa licencia, lo contrario hubiera sido prevaricar», insistió. El recurso presentado por un vecino, denunciando que la licencia incumplia las normas del Catálogo urbanístico de la villa, prosperó en los tribunales hasta que el cierre fue definitivo, y finalmente se fijó la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento (en un 70 por ciento) y el Principado (en el 30 por ciento restante) de una indemnización estimada en principio en 150.000 euros, por un dictamen del Consejo Consultivo, que el Ayuntamiento acató, pagando su parte. Una posterior sentencia elevó la factura a 350.000 euros, una cantidad que ha sido recurrida tanto por el Ayuntamiento como por el Principado, y también por la empresa Trastévere Delicatessen, ahora en manos de un administrador concursal.
El alcalde de Grado quiso en la rueda de prensa poner orden en esa ensalada de cifras, para destacar que finalmente ha conseguido cerrar la herida «con un coste favorable para las arcas municipales», aumentamdo el patrimonio público con un edificio en la calle Eduardo Sierra que completará las dotaciones culturales del Palacio Fontela, al que históricamente está vinculado como almacén. Las cifras le cuadran gracias al apoyo del Gobierno regional, que aporta 300.000 euros para la compra del edificio. «Es fruto del trabajo y el éxito de las negociaciones presupuestarias de IU de Asturias con el PSOE», apuntaló la coordinadora de IU de Grado y también concejala, María José Miranda, presente como casi todo el equipo de Trabanco en la rueda de prensa. Como el edificio ha sido tasado en 340.196,13 euros, con la ayuda regional a Grado le tocará pagar algo más de 40.000 euros. Junto a lo ya pagado por la resolución del Consejo Consultivo, la suma será de 145.196 euros, «muy por debajo del precio de tasación». Con esta compra el equipo de gobierno da por zanjado el pleito con el empresario Bernardo Álvarez, ya que es a él a quien adquiere el Ayuntamiento el inmueble, que estaba a su nombre, y no al de la sociedad ahora en proceso de concurso de acreedores, con la que continúa el pleito. La factura final se sabrá cuando el TSJA resuelva el recurso ahora en marcha, en el que el Ayuntamiento discrepa de los 109.000 euros incluidos en concepto de lucro cesante. Y aseguran que aunque este pleito sea negativo y mantenga la sentencia inicial, el coste del edificio seguiría por debajo de la tasación.
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