La anterior presidenta del Consejo Regulador, Isabel de la Busta, lamenta haber tenido que acudir a los tribunales ante la «injerencia» de Medio Rural

Redacción/ Grau

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado la decisión de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de imponer una comisión gestora en el Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, al considerar que vulneró el derecho fundamental de asociación de sus miembros. La sentencia, fechada el 14 de abril, da la razón a los vocales cesados en pleno proceso electoral y supone un respaldo a la actual dirección del organismo.

El fallo declara nulas las resoluciones recurridas al entender que la actuación de la Administración supuso una injerencia injustificada en el funcionamiento interno del Consejo Regulador. En concreto, los magistrados consideran que se vulneró el artículo 22 de la Constitución en su vertiente de autoorganización.

Según recoge la sentencia, “no concurre aquí otro interés que el del Consejo regulador y los operadores que lo integran”, lo que refuerza la idea de que la intervención administrativa no estaba justificada en este caso.

Un conflicto en pleno proceso electoral

El origen del litigio se remonta a junio de 2025, cuando el Consejo Regulador se encontraba en pleno proceso electoral. En ese contexto, la Consejería decidió nombrar una comisión gestora que asumió sus funciones, apartando a los órganos elegidos democráticamente.

Desde el propio Consejo se denunció entonces que la medida se adoptó sin margen de alegaciones. “Esta decisión suponía apartarnos de nuestras funciones de un día para otro”, recuerda Isabel de la Busta, presidenta en funciones en aquel momento. Por ello, varios de los operadores cesados por medio del nombramiento de la Comisión Gestora-la propia de la Busta, Berdasco e Hijos (Benfer), Casa Bartuelo, David Rubio, José Manuel Cardín e Hijos de Luis Rodríguez-decidieron recurrir a los órganos de Justicia, solicitando como medida cautelar la suspensión de las resoluciones que nombraban la Comisión Gestora. La medida cautelar fue aceptada y el nombramiento de la gestora fue suspendido, lo que permitió mantener el proceso electoral. Ahora, el TSJA refrenda en la sentencia que la gestora «vulneró derechos fundamentales»

De la Busta también se muestra crítica con los miembros de la Comisión Gestora y su actuación, en particular con los miembros nombrados en representación de las organizaciones sindicales UCA, ASAJA y COAG, así como Cooperativas agroalimentarias y con la Asociación de Criadores ASEAVA, y el resto de sus integrantes, que en ningún momento “pensaron en las consecuencias para los operadores del consejo”. Para de la Busta, la sentencia “supone lo que siempre hemos reclamado, que se respete el derecho de los operadores de la IGP a organizarse como consideren y votar en sus elecciones para elegir a sus representantes”.

Críticas a la actuación del Principado

De la Busta lamenta que la situación obligara a acudir a los tribunales “para defender los más elementales derechos” y sostiene que ya habían advertido a la Administración de que no tenía competencias para intervenir el Consejo Regulador.

En la misma línea, el actual presidente, Fernando Martínez, considera que la sentencia confirma que la actuación administrativa “ha sido contraria a la Ley”, calificando lo ocurrido como una “injerencia pública grave e injustificada”.

Relevancia para el sector ganadero

El tribunal también subraya que el Consejo Regulador es una corporación de derecho público que se rige fundamentalmente por normas de derecho privado, lo que limita la capacidad de intervención de la Administración.

Además, destaca que la comisión gestora se impuso sin establecer límites claros ni temporales, pese a tratarse de una medida de carácter excepcional.

El respaldo judicial refuerza ahora la posición del actual órgano de gobierno del Consejo Regulador, que, según Martínez, podrá seguir trabajando “con plena seguridad jurídica” tras meses de incertidumbre.

La sentencia, que incluye imposición de costas a la Administración, supone un precedente relevante en la relación entre la Administración autonómica y los órganos de gestión de denominaciones de calidad, en un sector clave para el medio rural asturiano.