Lo ha vuelto a hacer. El Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, bajo la responsabilidad del alcalde Gilberto Alonso, del PSOE y responsable del área de personal, vuelve a ser condenado judicialmente, esta vez por denegar a una trabajadora su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo, reconoce el derecho de la trabajadora a adaptar su jornada laboral en horario de 8:00 a 15:00 horas, después de que el Ayuntamiento rechazara dicha solicitud tras su reincorporación de la baja por maternidad.
Durante el procedimiento judicial, incluso se llevó como testigo a una responsable del área de ayuda a domicilio que conocía perfectamente que la trabajadora ya realizaba anteriormente ese horario antes de su baja maternal y que, sin embargo, le fue denegado a su regreso. Cada día entendemos menos cómo algunos trabajadores se prestan al juego político de este alcalde. Supuestamente, algo pueden deber.
Resulta todavía más contradictorio que el propio alcalde haya modificado el horario de celebración de los plenos municipales, que anteriormente se celebraban a las 13:00 horas y ahora pasan a realizarse a las 10:00 horas, alegando entre los motivos la conciliación familiar de uno de sus concejales. Es decir, lo que sí considera razonable y necesario para miembros de su equipo de gobierno, se le niega posteriormente a una trabajadora municipal que acudió a la justicia para defender un derecho reconocido legalmente.
Cabe recordar que no es la primera condena laboral que recibe este Ayuntamiento durante el mandato de Gilberto Alonso.
El Ayuntamiento ya fue condenado anteriormente por fraude en la contratación temporal de un trabajador municipal. La jueza consideró probado que un peón municipal había concatenado varios contratos “por obra y servicio” sin que se especificase realmente qué obra concreta justificaba dicha temporalidad. El trabajador realizaba funciones estructurales y permanentes del Ayuntamiento, por lo que pasó a ser considerado indefinido no fijo.
Otra de las sentencias más graves vino motivada, según la propia jueza, por la decisión del alcalde de “represaliar” a un trabajador que había reclamado horas pendientes de pago. El Ayuntamiento fue condenado por “abuso de derecho, mala fe y fraude de ley contra un trabajador”. El alcalde había modificado unilateralmente la jornada del socorrista municipal en contra de su voluntad tras dicha reclamación. En derecho laboral, especialmente tratándose de una administración pública, este tipo de reproches judiciales son de la máxima gravedad.
Ese mismo trabajador recibió posteriormente otra sentencia favorable por la que el Ayuntamiento tuvo que abonarle 958,25 euros en concepto de horas extraordinarias que no le habían sido pagadas.
A ello se suman otras resoluciones judiciales que tumbaron parcialmente procesos de selección de personal impulsados por el Ayuntamiento, concretamente en plazas relacionadas con limpieza, aparejador y auxiliar de biblioteca y turismo.
Resulta especialmente llamativo que para un puesto de limpieza se exigiese el carnet de manipulador de alimentos, o que para la plaza de auxiliar de biblioteca y turismo se solicitasen cursos muy concretos, dejando la propia sentencia reflejado que “parece que se está reservando esa plaza para alguna persona determinada”. Para este Grupo Municipal, aquello ya era evidente desde el primer momento.
Desde Belmonte Existe queremos denunciar públicamente la nefasta gestión que el alcalde Gilberto Alonso está llevando a cabo en materia de personal municipal. No podemos permitir que, presuntamente, se utilicen las contrataciones públicas para favorecer amistades o devolver favores políticos, mientras se persigue a quienes no son afines al equipo de gobierno.
Las consecuencias de estas actuaciones no solo las sufren los trabajadores afectados, sino también todos los vecinos de Belmonte de Miranda, que son quienes finalmente pagan con sus impuestos
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