Medio Rural ha presentado alegaciones a la consulta pública sobre la situación de la especie, en las que cuestiona el procedimiento participativo y exige «criterios técnicos»

Redacción/ Grau

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha defendido la validez de los datos aportados por la comunidad autónoma sobre la situación del lobo y ha reclamado que se respete el procedimiento técnico de evaluación del informe sexenal correspondiente al periodo 2019-2024.

El departamento que dirige Marcelino Marcos ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sus alegaciones al trámite de información pública abierto de forma previa al análisis del citado informe.

En el escrito, el Gobierno asturiano cuestiona el procedimiento impulsado por el ministerio al considerar que la apertura de una consulta pública sobre este documento carece de encaje dentro del marco normativo vigente.

La consejería recuerda que el informe sexenal constituye un documento de carácter técnico-administrativo elaborado a partir de los datos oficiales remitidos por las comunidades autónomas conforme a la metodología establecida por el propio ministerio y posteriormente contrastados entre administraciones. Por ello, sostiene que la evaluación debe sustentarse exclusivamente en criterios objetivos de carácter técnico y científico.

Desde esta perspectiva, Asturias considera improcedente someter el informe a información pública, ya que, a su juicio, ello desdibuja el proceso técnico de validación de los datos e introduce aportaciones externas que pueden no ajustarse ni a la metodología ni al conocimiento especializado necesario para valorar el estado de conservación de la especie.

El Principado defiende además la plena validez de la información aportada y asegura que refleja una situación favorable de conservación del lobo en la comunidad autónoma.

Asturias cuenta, según destaca la consejería, con uno de los sistemas de seguimiento del lobo más consolidados del país, fruto de décadas de trabajo. Este sistema incluye censos periódicos, seguimiento de manadas reproductoras, coordinación técnica con comunidades limítrofes y una colaboración científica estable con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC-Universidad de Oviedo).

Los datos remitidos para el periodo 2019-2024 ya evidenciaban una evolución positiva de la población, una tendencia que, según el Principado, se ha visto reforzada por el censo de 2025 presentado recientemente en el Comité Consultivo del Lobo. Los resultados confirman la estabilidad poblacional y la continuidad del crecimiento registrado en Asturias durante las últimas décadas.

El documento de alegaciones incorpora además un análisis específico sobre los incendios forestales registrados el pasado año y sobre las actuaciones desarrolladas dentro del Programa de Actuaciones de Control 2025-2026.

La consejería señala que ambos aspectos son posteriores al periodo evaluado en el sexenio 2019-2024 y, por tanto, no deberían formar parte de la valoración del informe que será remitido a la Comisión Europea. No obstante, Asturias ha optado por incluir este análisis complementario “con el fin de aportar la máxima transparencia y rigor técnico”.

Las conclusiones del informe, según el Gobierno asturiano, son claras: ni los incendios ni las actuaciones de control han tenido efectos negativos sobre la evolución de la población de lobo en Asturias. Así lo respaldaría el censo de 2025, que mantiene los parámetros poblacionales en niveles compatibles con un estado de conservación favorable.

Junto con las alegaciones, la consejería ha remitido documentación técnica adicional que incluye la estimación actualizada de la población —50 manadas, de las cuales 45 son reproductoras en 2025—, un análisis estadístico de la evolución de la especie durante la última década y un estudio sobre las áreas de campeo de ejemplares radiomarcados y su relevancia para la gestión del lobo, elaborado en colaboración con el IMIB-CSIC-Universidad de Oviedo.

Finalmente, el Gobierno del Principado solicita que todas estas consideraciones sean tenidas en cuenta en la evaluación final del informe sexenal y reclama la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para proceder a su aprobación definitiva antes de su remisión a la Comisión Europea.