La juez aplaza diez días el desahucio de una víctima de violencia de género de 88 años de Grado

La familia y el Sindicato de Inquilinos exigen «justicia», «es la casa familiar y él tiene piso en Oviedo, dice que quiere la casa para tirarla con mi abuela dentro»

Redacción/ Grau

Tras un matrimonio de décadas que acabó con una condena por violencia de género, un Juzgado la expulsa con 88 años, una enfermedad cardiaca y demencia de la casa que construyó junto a su entonces marido en un terreno que era de la casería de su padre. El caso parece increíble pero está ocurriendo estos días en la localidad moscona de Berció, donde hoy la familia, el Sindicato de Inquilinos y vecinos esperaban la llegada de la comitiva judicial que iba a sacar de su vivienda a Tinita Muñiz. Finalmente, ante el revuelo mediático, la juez accedió a la petición del abogado del ex marido, y aplazó el desahucio diez días, con la exigencia de que en ese plazo dejen vacía la vivienda y entreguen en el Juzgado las llaves. «No vamos a entregarlas, vamos a luchar hasta el final. Sacar a mi abuela de su casa sería un golpe para su salud que quizá no pueda superar, y voluntariamente no lo vamos a hacer». Así de tajante se mostró esta mañana su nieto, José Ignacio Álvarez, que cuenta el enrevesado proceso judicial que ha acabado con su abuela al borde de quedarse sin su casa. «Mi abuelo siempre fue una persona violenta, pero mi abuela, que es muy religiosa, pensaba que tenía que aguantar, y aguantó los malos tratos durante décadas, hasta que hace unos años no pudo más y finalmente pusimos la denuncia por violencia de género e iniciamos los trámites del divorcio. Mi abuelo fue condenado por violencia contra mi abuela, le pusieron una orden de alejamiento, pero en el divorcio un abogado de oficio no presentó el inventario de bienes de mi abuela, de forma que en el procedimiento solo quedó lo que había presentado él». En este inventario figuraba una indemnización que había cobrado por un accidente. El juez resolvió que la esposa tenía que devolver ese dinero, actualizado a su valor actual, ya que era un dinero «privativo» del esposo, es decir, no entraba en los bienes gananciales. Y por eso adjudicó íntegramente la propiedad de la vivienda al esposo. «Intentamos que nos permitieran presentar nuestro inventario, en el que acreditamos que la indemnización se la gastó en cosas para su disfrute, como un Mercedes y varias bicicletas, pero no nos lo permitieron. También ofrecimos pagar un alquiler hasta el fallecimiento de mi abuela, para no sacarla de su entorno, o comprarle un apartamento en Oviedo por el valor de tasación de la casa, pero nos dijo literalmente que quería la casa para derribarla con ella dentro», asegura el nieto y portavoz de la familia, que denuncia que no han contado con apoyo de los servicios sociales municipales.

Nacho Álvarez hace estas declaraciones frente a la vivienda en la que sigue su abuela, rodeado de un puñado de vecinos y acompañado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, cuyo portavoz, Andrés García, asegura que «he visto situaciones muy duras e injustas, pero como ésta ninguna. Estamos ante un juzgado que pretende desahuciar a una persona de extrema vulnerabilidad a beneficio de otra que tiene su propia vivienda en Oviedo, no necesita la casa para vivir, y que ha sido condenada por violencia de género». Y es que, relata la familia, el ex esposo está actualmente casado, tiene «un buen salario» y un piso en Oviedo.

Tras la confirmación de que el Juzgado ha decidido aplazar diez días el alzamiento judicial, tanto la familia como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos se mostraron satisfechos, pero moderadamente. «Es un triunfo de la presión vecinal y mediática, que nos da un margen de diez días más para seguir luchando por evitar el deshaucio. Defendemos que los desahucios son en su práctica totalidad situaciones de injusticia que afectan a colectivos vulnerables, y esperamos que el Gobierno regional, la consejería de Vivienda, los servicios sociales, hagan llegar los informes de vulnerabilidad necesarios para que se paralice este desahucio de forma definitiva», señala el portavoz del sindicato.

Para la familia, los diez días son «diez días más de agonía», mientras los vecinos se muestran indignados. «No entendemos que esto pueda ocurrir, nos parece una injusticia, es una mujer buenísima, esta finca era de su padre, construyó ella la casa con su marido y ahora la echan sin más».

Entre los asistentes a la concentración contra el desahucio estuvo el concejal del PP José Ramón González, que reprochó la falta de implicación de los servicios sociales municipales. «No entendemos que no haya aquí ningún representante del Ayuntamiento, es un caso que, respetando las sentencias judiciales, nos parece que afecta a una persona muy vulnerable que requiere una respuesta». Asegura que su grupo va a impulsar iniciativas, ante el Ayuntamiento y el Principado, para intentar amparar a esta vecina de Berció.