Candamo pide alejar más las baterías para proteger viviendas, explotaciones y suelos agrarios

La Plataforma por la Defensa del Romió y su Entorno presenta alegaciones a las directrices del Principado para reclamar mayores distancias de seguridad y excluir este tipo de instalaciones de terrenos agrícolas, forestales y próximos a cauces

Redacción / Grau

La Plataforma Vecinal por la Defensa del Romió y su Entorno ha presentado un amplio documento de alegaciones al avance de las Directrices Sectoriales que regularán la implantación de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías (BESS) en suelo no urbanizable de Asturias. El colectivo considera que el texto del Principado resulta insuficiente para garantizar la protección del medio rural y reclama ampliar de forma significativa las zonas de exclusión y las distancias de seguridad. Como se recordará, El Romió fue uno de los primeros movimientos sociales en contra de las baterías en suelos rústicos fueron los impulsores de la plataforma regional consiguiendo que la empresa desistiese de intentar poner dos parque de baterías en suelo de núcleo rural muy cerca de las viviendas.

Entre las principales peticiones figura la prohibición de instalar plantas de baterías en terrenos agrícolas de alta calidad, así como en parcelas dedicadas actualmente a la actividad agraria o ganadera y vinculadas al cobro de ayudas públicas. La plataforma sostiene que permitir estos proyectos podría favorecer la pérdida de suelo productivo y poner en riesgo la continuidad de explotaciones agrarias.

Las alegaciones también plantean impedir la ubicación de estas instalaciones sobre yacimientos arqueológicos catalogados o en sus parcelas de emplazamiento, así como la construcción de líneas subterráneas de evacuación que puedan afectar al patrimonio cultural.

Otra de las demandas se centra en la protección del agua. Los vecinos solicitan que no se autoricen plantas en cauces, zonas de servidumbre o de policía de ríos, arroyos y regatos, al advertir del riesgo de contaminación derivado tanto de posibles vertidos como de las aguas utilizadas para extinguir un incendio en una instalación de baterías.

El documento presta especial atención al riesgo de incendios forestales. La plataforma propone prohibir la implantación de plantas BESS a menos de 100 metros de masas forestales que puedan favorecer la propagación del fuego, al entender que un incendio en este tipo de instalaciones podría agravarse si alcanza el monte colindante.

La principal reivindicación desde el punto de vista de la seguridad de la población es el establecimiento de distancias mínimas obligatorias respecto a viviendas y núcleos habitados. Las alegaciones reclaman que estas instalaciones se sitúen al menos a 1.000 metros de los núcleos rurales y del suelo residencial, a 500 metros de las viviendas aisladas, explotaciones ganaderas, campings y parques infantiles, y a 200 metros de áreas recreativas, romerías y senderos homologados.

La plataforma argumenta que estas distancias deben ser invariables, con independencia de la potencia de la instalación o de las medidas correctoras que propongan los promotores, al considerar que un eventual incendio podría generar gases y humos tóxicos con afección para la población y el ganado.

El escrito también reclama proteger los montes de aprovechamiento comunal y los tradicionales derechos vecinales sobre las «suertes», además de evitar la concentración de infraestructuras energéticas. En este sentido, propone que las plantas de baterías se sitúen, como mínimo, a dos kilómetros de subestaciones eléctricas, parques eólicos, plantas fotovoltaicas o explotaciones extractivas, con el objetivo de impedir una mayor degradación del territorio.

La Plataforma sostiene que las directrices deben priorizar la conservación del medio rural, el mantenimiento de la actividad agroganadera y la seguridad de los vecinos antes que facilitar la implantación de este tipo de infraestructuras energéticas.