Las organizaciones agrarias valoran los avances en las indemnizaciones, pero advierten de que las compensaciones económicas nunca sustituirán «una gestión eficaz del lobo»

Redacción/ Grau

El sector agrario asturiano ha reaccionado de forma unánime ante la última propuesta de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria para el nuevo baremo de daños causados por la fauna silvestre. A pesar de que los diferentes sindicatos y asociaciones valoran positivamente la inclusión de gran parte de sus alegaciones, el campo coincide en un diagnóstico firme: la solución no pasa por pagar más por los animales muertos, sino por aplicar un control poblacional efectivo que evite los ataques en las explotaciones ganaderas.

Nueve sindicatos agrarios (COAG-Asturias, ASAJA, UCA, USAGA, ASEAVA, ASEAMO, ACOXA, ACPRA y ACECA ACRIBER) han emitido comunicado conjunto para analizar el documento técnico. Estas organizaciones destacan que el texto actual demuestra que las revisiones normativas deben trabajarse directamente con el sector y desde el rigor, lejos de improvisaciones. Entre las mejoras arrancadas a la Administración autonómica figura una actualización económica de las cuantías en las principales especies ganaderas y la ampliación del lucro cesante en el vacuno de carne hasta los 12 años de edad.

Además el nuevo baremo elimina la penalización automática que sufrían los ganaderos por daños recurrentes —salvo que se demuestre negligencia en las medidas de prevención— y unifica los criterios de edad para el ovino y caprino. Otra de las grandes novedades es la cobertura de los gastos veterinarios de los animales heridos, que se compensarán hasta el 100% de su valor con un tope de 300 euros si el animal logra sobrevivir. El texto también avanza en la simplificación burocrática al eliminar las diferencias por altitud en praderas y el impreciso concepto de «Condiciones Técnicas Mínimas» que generaba inseguridad jurídica.

Sin embargo, este frente común advierte de que el documento final arrastra carencias de peso. Los ganaderos lamentan que el baremo siga sin reconocer el valor genético y funcional de los animales adaptados al terreno, que la bonificación por producción ecológica se quede en un exiguo 10% frente al 20% solicitado, y que no se haya diseñado una baremación específica para proteger la singularidad del asturcón. También echan en falta mecanismos que protejan al productor en casos de autoría dudosa del ataque.

Por su parte, la Unión Rural Asturiana (URA) se ha mostrado notablemente más crítica con el papel de la Consejería. Aunque el sindicato mayoritario valora la aceptación de cinco de sus alegaciones, recuerda que esto no es un triunfo de la Administración ni una solución definitiva. Desde URA insisten en que los profesionales del campo no quieren vivir de los subsidios ni de las indemnizaciones, sino trabajar con la tranquilidad de no encontrar cada mañana su ganado diezmado, algo que ninguna compensación económica puede reparar a nivel productivo o emocional. En su comunicado, el sindicato exige «menos propaganda y más gestión» al Principado, sentenciando que escuchar a quienes están pegados al terreno no es una concesión graciosa, sino una obligación política.