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Sí al aparcamiento, no al despilfarro

Josefina Álvarez
Portavoz del PP en Somiedo

Ante las acusaciones formuladas por el alcalde de Somiedo en LA VOZ DEL TRUBIA el Partido Popular quiere dejar claro que nunca se ha opuesto a la construcción de un aparcamiento en Pola de Somiedo, ni mucho menos a la mejora de los servicios de emergencia del concejo, una necesidad que hemos reivindicado reiteradamente.

Lo que no podemos aceptar es que el alcalde trate de utilizar una emergencia sanitaria y el aterrizaje puntual de un helicóptero para ocultar las irregularidades y la deficiente gestión que han rodeado esta actuación.

El Partido Popular no ha intentado frenar ningún proyecto beneficioso para Somiedo. Lo que hizo fue advertir, con suficiente antelación, de que las obras no iban a estar terminadas dentro del plazo establecido. Y los hechos nos han dado la razón: el propio alcalde reconoce ahora que las obras concluyeron hace apenas unos días, cuando el plazo máximo de ejecución finalizaba el 30 de junio de 2026.

Nuestra obligación como oposición era alertar del enorme riesgo económico que ese incumplimiento podía suponer para el Ayuntamiento. El reintegro de los fondos NextGenerationEU que financiaban las obras como consecuencia del incumplimiento del plazo, puede dejar un agujero de cientos de miles de euros en unas arcas municipales que ya se encuentran en una situación deplorable. Advertir de ese peligro no es ir contra Somiedo; es defender el dinero de todos los vecinos.

También ofrecimos alternativas para la ubicación de la actuación. Por tanto, es falso que el Partido Popular se haya limitado a obstaculizar el proyecto. Lo que exigimos desde el primer momento fue que se escogiera una solución adecuada, proporcionada y legal.

Del mismo modo, no nos consta que exista autorización alguna para implantar en ese lugar un helipuerto, una base permanente para el retén de bomberos ni las restantes instalaciones que ahora anuncia el alcalde. Nada de eso formaba parte, en los términos en los que ahora se presenta, de la actuación aprobada y licitada. Pintar una “H” sobre aglomerado o el aterrizaje puntual de un helicóptero medicalizado no convierte automáticamente un aparcamiento en un helipuerto autorizado ni acredita que se hayan cumplido los requisitos urbanísticos, sectoriales, aeronáuticos y ambientales que, en su caso, resulten exigibles.

Si el alcalde dispone de esas autorizaciones, le pedimos algo muy sencillo: que las haga públicas y las incorpore al expediente. Que muestre el proyecto aprobado, las autorizaciones sectoriales y urbanísticas, los acuerdos administrativos que amparan esos usos y la documentación que acredite que las obras fueron ejecutadas y justificadas dentro de plazo. En una Administración pública no basta con anunciar actuaciones ni con presentar como hechos consumados decisiones que no constan en el proyecto: hay que tramitarlas, autorizarlas y ejecutarlas conforme a Derecho.

Y, desde luego, con lo que el Partido Popular no puede estar de acuerdo es con que el Ayuntamiento pagara 250.000 euros por aproximadamente 10.000 metros cuadrados de un prado clasificado como suelo no urbanizable de especial protección, donde no se puede construir. Se trata de un precio absolutamente desproporcionado que, como ya dijimos, huele a pelotazo y exige una explicación completa, documentada y convincente por parte del alcalde.

El debate no consiste en elegir entre progreso o legalidad. Somiedo necesita inversiones, servicios públicos, aparcamientos y una respuesta eficaz ante las emergencias, pero necesita también transparencia, rigor y respeto a los procedimientos administrativos. El progreso sin legalidad puede terminar convirtiéndose en deuda, responsabilidades y perjuicios para todos los vecinos.

Por eso trasladamos al alcalde un mensaje inequívoco: que haga las cosas conforme a la ley y encontrará siempre en el Partido Popular un socio dispuesto a colaborar en todo aquello que beneficie a Somiedo. Progreso, sí; servicios de emergencia, por supuesto; pero siempre con la ley en la mano y sin poner en riesgo el dinero público que procede del esfuerzo de todos los ciudadanos.

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