Los alcaldes sondean la predisposición regional a asumir la titularidad de la infraestructura y ya han mantenido una primera reunión con la vicepresidenta

L. S. N./ Oviedo

Los alcaldes de Teverga, Adrián Gayo; Quirós, Rodrigo Suárez; Proaza, Fernando Figaredo, y Santo Adriano, Elvira Menéndez, han mantenido ya una primera reunión con la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, para sondear la posibilidad de que el Gobierno autonómico asuma la gestión de la Senda del Oso. Los cuatro ayuntamientos buscan una solución estable para una infraestructura turística vital para sus concejos y cuyo mantenimiento resulta difícil de afrontar conjuntamente con recursos municipales. El planteamiento coincide además con el proceso, todavía pendiente de culminar, de disolución de la Mancomunidad de los Valles del Oso.

La cuestión viene de lejos. La Mancomunidad lleva años en proceso de disolución y uno de los principales asuntos pendientes es precisamente determinar qué ocurrirá con la Senda del Oso una vez desaparezca la entidad. En 2023, cuando Rodrigo Suárez asumió la presidencia de la Mancomunidad, uno de los objetivos señalados fue culminar su liquidación y resolver la gestión de la senda, en un proceso complicado por el reparto de los bienes entre los cuatro municipios. La situación ha tenido consecuencias concretas en otras instalaciones vinculadas a la entidad, como las piscinas de Buyera, cuya gestión permaneció bloqueada durante años por la situación jurídica de la Mancomunidad.

El debate sobre la participación del Principado en la gestión de la senda tampoco es nuevo. En 2019, tras el fallecimiento de un ciclista en Proaza y después de que un informe de la Fiscalía detectara numerosas deficiencias de seguridad, los cuatro ayuntamientos reclamaron la intervención del Gobierno regional. Los alcaldes defendieron entonces que el Principado debía asumir las grandes obras de reparación y plantearon la creación de un consorcio mixto entre el Gobierno autonómico y los municipios para hacerse cargo posteriormente del mantenimiento. El Ejecutivo asturiano sostuvo en aquel momento que la responsabilidad correspondía a los ayuntamientos, aunque reconoció su colaboración económica y técnica.

La colaboración autonómica se ha mantenido desde entonces. En 2020 el Principado reunió a los cuatro alcaldes para coordinar las actuaciones de mantenimiento y seguridad de la ruta. Y en 2024 ejecutó obras por cerca de 500.000 euros para renovar pavimentos, señalización, mobiliario, barandillas y elementos de protección en laderas y túneles. El Gobierno regional entregó las obras a los cuatro ayuntamientos, a los que considera titulares de la vía cicloturista.

Ahora los alcaldes quieren explorar un escenario diferente: que el Principado pueda hacerse cargo de la gestión de una infraestructura que supera el ámbito de cada uno de los cuatro concejos y que constituye uno de los principales recursos turísticos de los valles. La primera reunión con Llamedo abre una interlocución que tendrá que concretarse en una fórmula jurídica y económica, a la espera de que en el plazo de un mes se vuelvan a retomar los contactos. Entre las posibilidades ya manejadas en los últimos años figura la colaboración entre las administraciones, aunque los municipios plantean ahora estudiar una implicación mayor del Gobierno.